Los que gasten más de lo presupuestado podrán ir a la cárcel, advierte Montoro

Madrid, Agencias / J. E. M.

Las sanciones que acompañan al plan de austeridad volvieron a centrar ayer el debate político. Fue después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijera que el Ejecutivo va a impulsar un cambio en la ley para que se puedan exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos. «Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos», señaló Montoro en varias entrevistas. Estas medidas se sumarían a la intervención, ya anunciada, para autonomías y ayuntamientos que no cumplan los objetivos de déficit.

Se tratará, ha insistido el titular de Hacienda, de trasladar las sanciones que están vigentes en Europa al sistema institucional español, lo que implica en una primera fase un castigo económico en función de la reincidencia y la gravedad y en una segunda la citada inhabilitación. Además, como se prevé en la gobernanza europea, el Estado podría temporalmente hacerse cargo de la gestión del territorio intervenido. Es un modelo semejante al que llevó a cabo la Unión Europea en Grecia. El Ministro explicó que un gestor público «no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto», porque si lo hace está falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables.

Además, con una medida como ésta se pretende que haya rigor en la gestión de un gobierno, añadió Montoro, que apuntó que si un ejecutivo quiere gastar más «que lo haga subiendo los impuestos a los ciudadanos» y que éstos decidan después en las elecciones si el proceder ha sido el correcto. «Lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables», algo que actualmente supone uno de los graves problemas de España, afirmó el ministro de Hacienda. En cuanto a la línea de crédito del ICO que está previsto que se ponga en marcha para que las administraciones públicas puedan pagar a sus proveedores, Montoro dijo que el objetivo es que esté lista «en un par de meses». El portavoz del grupo del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha precisado hoy que los castigos por mala gestión se aplicarán a los políticos que asuman gastos que no estén contemplados en la respectiva ley presupuestaria.

El anuncio recibió apoyos y criticas. Lo apoyaron los gobiernos del PP (alguno incluso pidió que fuera retroactivo). El PSOE pidió que se aclare cómo se va a aplicar y recordó, por ejemplo, que Alberto Ruiz-Gallardón, ahora ministro de Justicia, generó en Madrid, como alcalde de la ciudad, «la mayor deuda del país».