Oviedo, L. Á. VEGA

Los profesionales más directamente relacionados con el derecho de familia han recibido el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que los notarios podrán resolver matrimonios y divorcios pactados, dentro de la ley de mediación y jurisdicción voluntaria, con numerosas pegas. En opinión de los expertos consultados, la medida no sólo no reducirá la insoportable carga judicial actual, sino que planteará problemas de garantías. En el otro lado se sitúan los usuarios de la justicia y los propios notarios, quienes ven positiva la medida. En primer lugar, por el ahorro de costes y tiempo.

Algunos jueces ya se han mostrado contrarios a la medida. El juez de familia de Gijón Ángel Luis Campo es uno de ellos. «Me parece una iniciativa que poco va a ayudar a solucionar el atasco de los Juzgados», indicó. Además, «puede causar claramente indefensión».

En opinión de Campo, el atasco actual se podría solucionar mejor con otro tipo de medidas, como la agilización y simplificación de procedimientos, la transferencia de los registros civiles a los ayuntamientos o la creación de una jurisdicción de familia. Para el magistrado, «los Juzgados necesitan, más que incrementar su personal, reorganizar y racionalizar las plantillas, aumentar su estabilidad, mejorar instalaciones...». En resumidas cuentas, «una medida así sería como la sacarina al final de un banquete».

La propuesta del Ministro hace polvo sobre todo a los abogados, a quienes en teoría llegarán menos casos. Sin embargo, no es éste el motivo por el que están en contra. «Es una atrocidad, va a generar una justicia de doble velocidad, una para las personas que pueden pagársela y otra para los que tienen menos medios», indicó la abogada matrimonialista gijonesa Montserrat González Rufo. «Se van a vulnerar principios constitucionales por los que hemos luchado mucho», añadió. Y uno de ellos es la «tutela judicial efectiva, es imprescindible la actuación de un juez imparcial».

Para González Rufo, «una medida así no va a reducir la litigiosidad. El atasco de los Juzgados de familia se produce en la fase de ejecución de sentencia, que sólo se soluciona con más personas o mayor racionalidad en las plantillas».

Para esta letrada matrimonialista, incluso que los notarios se encarguen de bodas puede traer problemas. González Rufo se preguntó si serán los notarios los que velen por que los matrimonio con extranjeros se atengan a derecho, una función que ahora recae en el ministerio fiscal. «Espero que sólo haya sido un comentario y que la judicatura muestre su rechazo», finalizó.

Los notarios no están en contra de la medida, aunque no ven que pueda estar en vigor antes de un año o más tiempo. El decano de los notarios de Asturias, José Luis Fernández Lozano, no olvida que el anterior Gobierno ya tuvo sobre la mesa una ley de jurisdicción voluntaria que no salió adelante.

«Nos parece bien la medida, porque aparte de que vendría en un momento en que la carga de trabajo es muy baja, supondría un ahorro para el ciudadano y desatascaría un poco los tribunales», indicó. En cualquier caso, «le queda mucho camino todavía». Fernández Lozano defendió la competencia de los notarios para celebrar bodas y divorcios. «Por supuesto que tenemos carácter de funcionarios públicos y somos autoridad», aseguró.

El decano de los notarios de Asturias indicó que la medida adelantada por Gallardón «supondría un ahorro de tiempo, porque podría solucionarse en un par de días, y de dinero, ya que no sería necesario contratar a un abogado».

Luis Manuel López Fidalgo, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados, indicó que puede ser una manera de «desjudicializar la justicia», pero mucho se teme que beneficie a muy pocos casos. «En nuestra asociación sólo hay un dos o un tres por ciento de casos de mutuo acuerdo», indicó.

Sin restar virtualidad a la propuesta, ya que supondría una reducción de costes -que en el caso del divorcio exprés ya son muy bajos, entre 450 y 500 euros-, López Fidalgo se preguntó por los posibles casos de personas a las que se coaccione para acudir a los notarios para resolver un divorcio de mutuo acuerdo, una posibilidad que descarta con los jueces al frente del proceso. En su opinión, «la única forma de aligerar la justicia es abrir los Juzgados por las tardes».