La trama que evaporó 120 millones

La red de corrupción Gürtel, cuyas empresas organizaban los actos públicos del PP durante el mandato de José María Aznar, salió a la superficie a raíz de la denuncia presentada en noviembre de 2007 ante la fiscalía por José Luis Peñas, ex concejal popular en Majadahonda (Madrid), quien aportó como pruebas grabaciones ocultas.

El escándalo salta a la opinión pública en febrero de 2009, cuando Baltasar Garzón investiga «el conglomerado de empresas» de la trama que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades de Madrid y Valencia, gobernadas por los populares, para «obtener un beneficio propio» mediante «dádivas y sobornos a funcionarios públicos».

El entonces juez llega a imputar a 37 personas (empresarios y cargos del PP) y a meter en la cárcel a los considerados cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, y Antoine Sánchez. Al depositar sus fianzas, estos dos últimos están en libertad, como Álvaro Pérez («el Bigotes»), el hombre fuerte en Valencia.

Del sumario se desprende que la trama de «Don Vito» costó a los contribuyentes 120 millones. Ahí se incluyen las adjudicaciones de obras y suelo, los contratos con sociedades pantalla, el dinero negro para la campañas electorales, los sobornos que figuran en la caja B de la Gürtel y las comisiones desviadas al extranjero. El fraude al fisco supera los 43 millones.

Garzón buscó las vías de la supuesta financiación ilegal del PP a través de los negocios de Correa con el Gobierno de Esperanza Aguirre y seis ayuntamientos madrileños. La investigación se extendió también a la Comunidad Valenciana, a Castilla y León y, en menor medida, a Galicia.

La conversación grabada en la cárcel en la que el cabecilla de la trama avisa a su abogado sobre «el puto pen drive» lleva a Garzón hasta la memoria USB donde estaba la contabilidad de la Gürtel. Esas escuchas fueron utilizadas para sentar al juez en el banquillo del Supremo y acabar con su carrera.

Veintitrés empresas integraban el entramado de Correa, quien desvió millones de euros a paraísos fiscales. El caso puso fin a la trayectoria de varios políticos del PP: su ex tesorero y senador Luis Bárcenas (que fue exculpado junto al eurodiputado Gerardo Galeote y el diputado Jesús Merino); un consejero de Aguirre y dos parlamentarios, y varios alcaldes de Madrid. En esta rama de la Gürtel, el juez Antonio Pedreira, que prosiguió con el caso, acabó imputando a 74 personas.

En cuanto a la rama valenciana, la investigación sentó en el banquillo al presidente Francisco Camps y al secretario regional del PP, Ricardo Costa, a los que un jurado popular declaró no culpables en el caso de los trajes. Ahora hay otros 13 imputados más por negocios ilegales en la visita del Papa a Valencia y la contratación de Aena.

En sus declaraciones, Correa llegó a decir que «(Alejandro) Agag me pidió que Álvaro ("el Bigotes") llevara los actos de Aznar, y a Botella le encantó». El jefe de la Gürtel fue uno de los invitados a la boda de la hija del ex presidente.