Oviedo, Eloy MÉNDEZ

La compra de varias parcelas en diferentes concejos asturianos por parte de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) a un precio muy superior al que recibieron los propietarios de los terrenos expropiados se trata de una actuación de «dudosa legalidad» para los expertos consultados por este diario. Según explican, el organismo, participado mayoritariamente por administraciones -el 45% correspondiente al Principado, y el 13% a 32 ayuntamientos de la región-, habría actuado como una empresa privada en vez de guiarse por los criterios acordes a su naturaleza pública. Por eso, consideran que muchas de las operaciones que ejecutó durante la pasada década podrían constituir un «abuso inconcebible».

«La actuación de Sogepsa es más que discutible», explica Javier Junceda, experto en Derecho Administrativo y que defiende los intereses de varios clientes afectados por una operación en La Magdalena, Avilés. Para el jurista, la sociedad «se ha estado moviendo durante todos estos años con una libertad que no le corresponde por su capital mayoritariamente público». Un proceder que, a su juicio, habría seguido en los casos desvelados por LA NUEVA ESPAÑA, tanto en la compra de una finca en la zona ovetense de Prado de la Vega -por la que pagó nueve millones de euros por 64.806 metros cuadrados que habrían costado durante las expropiaciones un máximo de 3,8 millones-, como en la de otro terreno en el nuevo área residencial de Roces, en Gijón -por el que desembolsó alrededor de dos millones más de la tasación oficial- y en la adquisición de varias parcelas en el polígono industrial de Santianes, en Sariego.

«Parece como si Sogepsa tuviera patente de corso para hacer y deshacer a su antojo y no está precisamente claro que se guiara por la eficiencia en ninguno de estos casos», afirma Junceda, tras calificar al organismo como «un mero agente urbanizador privado». «Ellos mismos funcionaban como tal, ya que siempre rehuyeron los controles que deberían haberse aplicado por parte del Principado y que no se aplicaron porque era esta Administración la que tenía el control».

Además, entiende que existe legislación española que persigue este tipo de comportamientos. «Varias leyes asumieron hace tiempo la normativa europea que trata de corregir estos movimientos», relata. «No se entiende este nulo sometimiento a cualquier criterio establecido sobre sujetos públicos», remata, en relación al manejo de fondos públicos, lo que permitía a Sogepsa imponer sus intereses a los de los particulares.

Para Leopoldo Tolivar, catedrático de Derecho Administrativo, «los servicios de Sogepsa a la colectividad no parecen haber sido eficientes en algunos casos». Por eso, considera conveniente «suprimir el ente o, como poco, redefinirlo de manera profunda». «Tenía sentido en un primer momento, pero el actual contexto jurídico, social y económico aconsejan su desaparición», razona. Según el profesor y ex concejal socialista de Oviedo, la entidad «daba en la práctica todo el trabajo hecho» a la Administración autonómica. Un tipo de actuación que «ha sido bastante frecuente con diferentes organismos durante los últimos años».

«Sogepsa ha actuado de manera incorrecta», asevera, por su parte, el notario José Antonio Caicoya. Según explica, se «ha perjudicado a los antiguos propietarios de los terrenos, apoyándose en su calidad de organismo público», al no seguir los criterios del jurado provincial de expropiación forzosa, encargado de realizar las tasaciones en este tipo de situaciones.

Aunque prefiere no pronunciarse sobre la posible ilegalidad de las compras realizadas por la sociedad mixta, sí entiende que «no era la forma de proceder adecuada». En este sentido, y al igual que el resto de expertos, argumenta que Sogepsa dejó de lado los criterios de un organismo público que deberían guiar su funcionamiento.