Oviedo,

Félix VALLINA

El presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, Dacio Alonso, ofreció ayer una rueda de prensa para alertar sobre el incremento de las ventas fraudulentas a domicilio a causa de la crisis, unas prácticas que afectan sobre todo a las personas de avanzada edad. Alonso señaló que algunos comerciales «utilizan todo tipo de artimañas» para conseguir entrar en los domicilios con el objetivo de vender cualquier producto que el consumidor «ni quiere ni necesita». Según el presidente de la UCE, en la mayoría de los casos denunciados, se repite el mismo guión: «Los comerciales de los que hablamos pueden acudir a la vivienda concertando la cita con una llamada previa o acudiendo directamente sin avisar y justificando su presencia con la excusa de estar realizado un estudio medioambiental, de consumo o para ofertar cualquier producto por cuya compra se hacen regalos».

Dacio Alonso recalcó que el colectivo más afectado es el de las personas mayores, especialmente de la zona rural, «que permiten entrar en sus casas a los comerciales, que permanecen allí varias horas hasta crear un ambiente de confianza». Después, mediante tácticas «fraudulentas», logran «venderles productos con un precio que oscila entre los 1.000 y los 3.000 euros». La UCE critica que ante estas situaciones, que generan «profunda repugnancia», las administraciones «miren para otro lado». Por contra, Dacio Alonso aplaudió la labor de la Fiscalía, ante la que la Unión de Consumidores ya ha presentado «en torno a treinta denuncias».

Sin embargo, los trámites judiciales «suelen alargarse» y, por lo tanto, Dacio Alonso considera que la única solución para atajar estas prácticas es la información preventiva. En este sentido, el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias recomienda no permitir el acceso al domicilio a ningún representante de ninguna empresa con el que previamente no se hubiese concertado una cita. Además, Alonso recordó que el cliente no está obligado a tomar decisiones de forma inmediata, que la firma de cualquier documento supone un compromiso, que la anulación de las compras no tiene que implicar gastos o que es necesario «solicitar una copia de los documentos que se han firmado».

Dacio Alonso también explicó que los consumidores tienen siete días para desistir de su compra, una vez recibida la mercancía, aunque advirtió de que, en muchos casos, los comerciales «no pasan a recoger los productos rechazados en este plazo para complicar así su devolución». Incluso, según Alonso, «algunas compañías se acogen a la fórmula de contrato de obra y servicio para evitar el derecho de desistimiento, como en un caso ocurrido en Cangas del Narcea, en el que se vendieron purificadores de agua a ochenta familias por valor de 1.300 euros cada uno». Para evitar estas situaciones, Alonso recomienda enviar un burofax a la empresa o contactar con la UCE para asesorarse.