La libertad de imprenta

El riosellano Agustín Argüelles fue el encargado de defender uno de los primeros asuntos que abordaron los diputados en Cádiz l El decreto se promulgó el 10 de noviembre de 1810

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JAVIER RODRÍGUEZ MUÑOZ Álvaro Flórez Estrada, el más liberal de los miembros de la Junta Suprema de Asturias, preparó una memoria para presentar en ésta con el fin de que se diera ocasión a todos los españoles de emitir libremente sus opiniones por medio de la imprenta. Previamente, discutió el asunto con algunos diputados de su confianza y con otros. La opinión de los consultados no eran tan abierta como la de Flórez Estrada y éste tuvo que desistir de su pretensión. No obstante, consiguió que se aceptara otra propuesta por la que se permitía a cualquier persona «suministrar a la Junta, ya de palabra, ya por escrito, cuantas noticias y luces consideren conducentes al feliz éxito en la terrible crisis que se atravesaba». Corría el 27 de mayo de 1808.

La libertad de imprenta fue uno de los primeros asuntos que abordaron los diputados reunidos en la Isla de León, en Cádiz. En las primeras sesiones de Cortes, el tema fue suscitado por Agustín Argüelles, y se constituyó una comisión. El informe de la misma fue expuesto a las Cortes el 14 de octubre de 1810, y Agustín Argüelles, que ya empezaba a brillar entre los oradores que iban a constituir el núcleo del liberalismo español, defendió con brillantez la libertad de imprenta. En su intervención, dijo el riosellano Argüelles: «Cuantos conocimientos se han extendido por Europa, han nacido de esta libertad, y las naciones se han elevado a proporción que ha sido más perfecta. Las otras, oscurecidas por la ignorancia y encadenadas por el despotismo, se han sumergido en la proporción contraria. España, siento decirlo, se halla entre la últimas».

El decreto de libertad de imprenta se promulgó el 10 de noviembre de 1810. Su artículo primero establecía: «Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación bajo las restituciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto».

En uno de los artículos se acordó crear una junta suprema de censura, que estuviese cerca del Gobierno, formada por nueve miembros, y otras en las capitales de provincia, integradas por cinco. En la junta suprema debía de haber tres eclesiásticos y dos, en las provinciales. Estas juntas quedaban encargadas de examinar los impresos denunciados y calificar si se estaba o no en el caso de proceder contra ellos y sus autores, editores e impresores, responsables a su vez y respectivamente. Los individuos de la junta eran en realidad los jueces del hecho, quedando después a los tribunales la aplicación de las penas.

Antes del levantamiento de mayo de 1808 contra los franceses, no se había publicado en Asturias ningún periódico. El 4 de junio de 1808 apareció el primero, la «Gazeta de Oviedo», promovido por la Junta Suprema como respuesta a la propaganda pro francesa que contenía la «Gaceta de Madrid». Constaba de ocho páginas y su periodicidad era bisemanal. La guerra fue uno de los principales temas de información, procediendo ésta generalmente de fuentes gubernamentales.

También se extractaban otras informaciones de los periódicos extranjeros que con cierto retraso llegaban a nuestra provincia y algunos sucesos locales que llegaban a los redactores de viva voz de los protagonistas o testigos, y otros, del exterior, por medio del correo. Dejó de publicarse en mayo de 1809, al entrar los franceses en Oviedo.

La invasión francesa de Asturias obligó a la Junta Superior de Asturias a retirarse hacia el Occidente, donde no se disponía de imprenta. La Junta se vio obligada a comprar una nueva con la que poder imprimir las órdenes y otros papeles necesarios. El proceso fue largo, pero al fin se consiguió instalar una imprenta en Castropol, que empezó a funcionar en septiembre de 1810. Comenzó entonces la edición del «Correo Militar y Político del Principado», nuevo periódico cuyo nombre se adoptó posiblemente para diferenciarlo del anterior que se editaba en Oviedo. Se tiraban dos periódicos semanales y sus redactores eran Ramón González Villamil y Ramón Acevedo, que comenzaron su trabajo el 1 de septiembre de 1810, en Castropol.

Hubo muchos problemas y pronto surgieron las dificultades económicas. Cómo aún no se había publicado el decreto de libertad de imprenta, fue encargado de la censura del periódico Antonio Fernández del Prado, regidor del Ayuntamiento de Oviedo y antiguo miembro de la Junta Suprema. A primeros de enero de 1811, las graves carencias que se vivían en la zona de Asturias libre de los franceses, impidieron la publicación de algún número del periódico. Para reducir gastos, se suprimió el censor y la Junta encargó de esa tarea al fiscal de la Real Audiencia. Un vocal de la Junta, Manuel José Avello, se manifestó en contra alegando su inoportunidad, al «estar ya comunicada de oficio la orden real de libertad de imprenta».

La información que publicaba el «Correo Militar y Político del Principado» no tardó en suscitar las quejas de la máxima autoridad militar del Principado, Francisco Javier Losada, que quería controlar la información militar. Un grave incidente se produjo en abril de 1811, poniendo en evidencia cuán arraigados estaban los modos autoritarios. En el número 50 del «Correo» apareció un artículo de Manuel José Avello Valdés, firmado sólo con sus iniciales, que el comandante general Francisco Javier Losada consideró «atroz delito». El atroz delito no era otra cosa que una información sobre un hecho de armas.

El 14 de abril de 1811, Manuel José Avello Valdés escribió al presidente de la Junta Superior de Asturias en los siguientes términos: «El bien del Principado, el estímulo del patriotismo y el honor de nuestras armas me han convencido a poner el papel de 31 de marzo publicado en nuestro periódico n.º 50. Respetos que he creído justos me han precisado a no manifestarlo a vuestra excelencia ni a nadie más que al redactor para que saliese al público con las cuatro iniciales de mis nombres y apellidos bajo los auspicios de la libertad de imprenta concedida por Su Majestad y en su nombre las Cortes Generales y Extraordinarias del Reino». Su escrito, decía Avello, estaba «apoyado en datos ciertos cual lo exige la materia; a nadie injuria, y si alguno se creyese agraviado», no había sido ese su ánimo.

De nada sirvió la apelación a la libertad de imprenta de Manuel José Avello, pues el comandante general Losada mandó en su búsqueda al teniente coronel Luis Quintero, con 80 soldados. Avello insistía en recordar la Real Orden de «libertad de imprenta», que detallaba «el modo cómo deben reclamarse iguales escritos, y determina el tribunal o tribunales a quienes pertenece su conocimiento»; lo que el general pretendía pasar por alto.

Manuel José Avello Valdés tuvo que poner pies en polvorosa, y el redactor del periódico, Ramón González Villamil, fue detenido por orden de Losada. Varias personas rechazaron el ofrecimiento de hacerse cargo del periódico. La redacción del «Correo Militar y Político del Principado» era una patata caliente que nadie quería coger. Entre tanto, los franceses se retiraron de Asturias, lo que permitió a la Junta volver a Oviedo, donde nuevamente saldría el periódico, siendo redactores el franciscano fray Manuel de Caso Parte y Bernardo Riestra, y censor, el fiscal de la Real Audiencia Francisco Ayuso. Está claro que todavía tardaría en aceptarse el verdadero espíritu de la ley de libertad de imprenta.

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