La Sindicatura de Cuentas del Principado considera que los ayuntamientos deben revisar su estructura de personal para adecuarla a los servicios que prestan a los ciudadanos ya que una gran parte carece de una relación de puestos de trabajo.
La proporción de personal funcionario respecto a la plantilla total se limita al 35 por ciento en los ayuntamientos y al 0,35 por ciento en los organismos autónomos.
Así se pone de manifiesto en el informe de fiscalización del sector público local del Principado correspondiente al año 2008 y que fue aprobado por el Consejo de la Sindicatura de Cuentas el 22 de febrero.
El informe abarca los 78 ayuntamientos asturianos, las 39 parroquias rurales, las 17 mancomunidades y los 12 consorcios, junto con sus entes dependientes (organismos autónomos, empresas públicas y fundaciones).
Sólo doce de los 78 ayuntamientos rindieron sus cuentas en plazo y al cierre de los trabajos, 23 no habían cumplido con esta obligación legal.
De todos los concejos asturianos, Amieva es el único que no ha rendido sus cuentas en ninguno de los cuatro ejercicios fiscalizados por la Sindicatura (2005, 2006, 2007 y 2008), situación que se eleva a ocho en el caso de las mancomunidades.
En concreto, este informe ha puesto de relieve que 31 ayuntamientos asturianos carecían de relación de puestos de trabajo, un "instrumento básico y obligatorio de ordenación del personal".
Ante esta situación, la Sindicatura considera que es necesario que los ayuntamientos y sus entes dependientes revisen su estructura de personal para adecuarla a los servicios que prestan a los ciudadanos.
Entre las recomendaciones, la Sindicatura incluye también una propuesta para favorecer la rendición de cuentas y que sería conveniente que la Junta General promueva el cumplimiento de esta obligación legal.
En este sentido, recuerda que las medidas incentivadoras y/o conminatorias adoptadas en otras comunidades autónomas han logrado una notable mejora de los niveles de rendición.
Para la Sindicatura, este esfuerzo se hace especialmente necesario en una coyuntura como la actual, cuando todas las Administraciones se afanan en el riguroso control de los fondos públicos.
Entre los principales objetivos de la fiscalización del sector publico local se incluye la comprobación de la rendición de cuentas, el análisis del gasto de personal y el análisis económico financiero del conjunto de entes que lo integran.
EFE
