El PSOE apoya el decreto de pago a proveedores, pero pide ayudas para los ayuntamientos

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, adelantó ayer en Oviedo que el consejo territorial se reunirá, a partir de ahora, «más de lo que solía hacerlo». A pesar del menguado poder autonómico y local de los socialistas tras las dos últimas citas con las urnas, Rubalcaba ha decidido dar más protagonismo a esta suerte de «cúpula territorial», en la que por primera vez tendrán voz los ayuntamientos.

Javier Fernández explicó que las reuniones del consejo territorial, que el secretario general de los socialistas asturianos coordina desde ayer, dan «cohesión» a la postura del partido. Algo, explicó, «fundamental en un país tan diverso, un Estado tan complejo, donde geografía y política han tenido siempre una relación tan intensa». Ayer, el consejo territorial -con las ausencias de los representantes del País Vasco, Canarias y Ceuta- unificó su rechazo a la reforma laboral del PP -contra la que presentarán una enmienda para modificar su texto-, y su defensa de unos servicios públicos «de calidad y para todos», y anunció que el PSOE apoyará en el Congreso la convalidación del real decreto-ley aprobado por el Gobierno para facilitar que los ayuntamientos paguen a sus proveedores. Eso sí, con matices.

El Grupo Socialista en el Congreso, adelantó Rubalcaba, pedirá que se tramite como proyecto de ley, y que incluya facilidades y ayudas para evitar la «ruina», apuntó, de los ayuntamientos. La norma, explicó el secretario general de los socialistas, debe ser «una cosa buena para los proveedores», y no «un negocio para los bancos». Los créditos que los consistorios suscriban para pagar sus deudas tendrán que tener tipos de interés y plazos «razonables», añadió.

Rubalcaba explicó que el PSOE no era quien debía decir cuáles deberían ser esos tipos y plazos. Sí lo dijo el alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que forma parte del consejo territorial. Caballero pidió para los Ayuntamientos préstamos a largo plazo -de un mínimo de diez años con dos de carencia, en los que no se pague ni deuda principal ni de interés-, y a un interés bajo. «No es comprensible que los Ayuntamientos tengan que financiar su deuda al 5 por ciento mientras el sistema bancario español lo hace al 1 por ciento con líneas específicas del Banco Central Europeo», razonó.