Oviedo, L. Á. VEGA

La investigación del «caso Gürtel» dio un paso de gigante cuando la Policía halló en las oficinas del economista José Luis Izquierdo, que asesoraba a las empresas de Francisco Correa, un lápiz de memoria y una carpeta azul en los que se detallaban pagos de diversas empresas a la trama, así como el reparto que se hacía de ese dinero. Entre las empresas que engrasaron la máquina de «Gürtel» se encontraba Constructora Hispánica, una potente firma de las obras públicas, presidida en aquel momento por Alfonso García Pozuelo, quien en 2010 terminaría vendiendo la compañía al grupo Monje, con intereses en Mieres y Candás, con el fin de saldar una deuda de 20 millones con el Fisco, lo que le ha convertido en el único de los implicados en avenirse con la Agencia Tributaria. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) incluido en el sumario, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, considera que los pagos de García Pozuelo a la trama tienen que ver con comisiones por la concesión de obras públicas. En la famosa carpeta azul hay anotados un total de seis ingresos por importe de 4.192.000, realizados entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. En esa época, Constructora Hispánica era una de las principales adjudicatarias de proyectos del Ministerio de Fomento, al frente del cual se encontraba el actual presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) permite comprobar que Constructora Hispánica fue adjudicataria -tanto ella sola como junto a otras compañías en régimen de UTE, algunas de ellas propiedad del propio García Pozuelo, como EOC- de un total de 32 proyectos entre mayo de 2000 y marzo de 2004, época del Ministerio de Álvarez-Cascos. Entre esas obras destaca la construcción de la plataforma del AVE León-Asturias, por un importe de 220,4 millones de euros. Los 32 proyectos antes citados alcanzaron un monto de 703 millones de euros. Antes de 2000, Constructora Hispánica ya había trabajado con el Ministerio de Obras Públicas, pero el alcance económico de las contrataciones era muy inferior, tal como refleja el BOE. Después de marzo de 2004, el ritmo de contratación a Constructora Hispánica para obras del Ministerio desciende de manera radical, aunque en diciembre de 2004 aún consigue un contrato para el firme de una pista de Barajas por importe de 18 millones y otro de ocho millones por la construcción de un túnel de usos aeroportuarios.

El ex concejal del PP de Majadahonda que descubrió la trama de Francisco Correa, José Luis Peñas, declaró ante el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había razones que explicaban esa importante contratación a Constructora Hispánica. Y es que, según declaró Peñas, Correa le había comentado que «García Pozuelo había estudiado la ingeniería con Cascos».

Los contratos de García Pozuelo para la construcción del AVE rozaron los 400 millones de euros. En junio de 2000 ya se le adjudicó la construcción de la plataforma en el tramo de Lérida a Barcelona, por 28 millones de euros, junto a la empresa Copisa. Con Copasa, se le encarga en noviembre de ese año la base de construcción del AVE en Madrid, por 11,8 millones, y ese mismo mes, con la misma empresa, la construcción de la nueva estación de Zaragoza y sus accesos ferroviarios, por 23 millones. En junio de 2001, con Copisa, es contratada para el tramo del AVE entre la N-VI y el río Guadalhorce, por 31,2 millones. En abril de 2002 recibe en solitario uno de los tramos de la plataforma del AVE en Málaga (entre Bobadilla y la boca norte del túnel de Gobantes), por casi 20 millones de euros, y en noviembre de ese año, también ella sola, recibe el encargo de la plataforma entre San Esteve de Sesrovires y Martorell, en Barcelona, por 20,4 millones. El contrato más cuantioso llega en julio de 2003, cuando recibe el encargo de realizar la plataforma del AVE entre León y Asturias. El proyecto, junto a Copcisa, la constructora Fernández y Azvi, se adjudica por 220,4 millones de euros. Como remate, Constructora Hispánica recibe en noviembre de 2003 el proyecto de la plataforma del AVE entre La Roca y Llinars, por 44 millones de euros.

Esto por lo que se refiere al AVE. La mayor parte de estas obras fueron adjudicadas por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, pero la empresa de García Pozuelo también recibió obras de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, que de 2000 a 2004 dirigió el ovetense Benigno Blanco, quien ahora preside varias empresas de Álvarez-Cascos. Constructora Hispánica, sola o en UTE, recibió contratos por un importe cercano a 230 millones de euros, desde la construcción de estaciones de servicio a tramos de la autovía Levante-Francia o los nuevos accesos al puerto de Valencia, entre otras muchas. El resto de los contratos del cuatrienio se reparten entre otras infraestructuras ferroviarias y obras para autoridades portuarias, como la de Gijón, que le encargó la rehabilitación del Faro de Torres o la urbanización de las explanadas en la Figar, trabajos para SEPES o la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Pero volviendo a los seis pagos que realizó García Pozuelo al entramado de Correa, lo interesante es el reparto que aparece reflejado en la carpeta azul. Según recoge el informe policial sobre este asunto, al menos 600.000 de los 4,19 millones ingresados por García Pozuelo habrían terminado en manos de un tal «LB», al que otro reciente informe policial identifica con Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos cuando éste era secretario general del partido. «LB» habría recibido por ejemplo 270.000 euros de una entrega de 925.580,74 euros realizada por García Pozuelo el 19 de febrero de 2002. «LB», al que la Policía identifica con Luis Bárcenas, motivo por el que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que sea de nuevo imputado, habría recibido además otros 330.000 euros procedentes de una remesa de 600.000 euros que, según la Udef, García Pozuelo entregó a la trama el 23 de diciembre de 2003. Según un auto del juez Garzón, cuando éste aún era magistrado de la sección 5.ª de la Audiencia Nacional, estos dos pagos de 925.000 y 600.000 euros se corresponderían con una comisión del 3 por ciento por obras. Esas cantidades podrían corresponderse con adjudicaciones de 30 y 20 millones, respectivamente.

Pero según la Policía, no fue la única empresa que entregó dinero a la trama, supuestamente en pago a adjudicaciones de obras públicas. En la información policial también se cita a Teconsa, ligada al empresario leonés José Luis Martínez Parra, recientemente imputado por el juez Ruz y que tenía obras en Asturias, como una urbanización en Prados de la Fuente o el enlace a las autovías en Mieres, y Begar, del también leonés José Luis Uribarri Comenzana, que fue propietario de Tele Oviedo y participó en los inicios de la constructora Teconsa.