Oviedo / Madrid,

J. A. A. / P. G. / Módem Press

El Principado tendrá que afrontar durante 2012 un importante recorte del gasto público para no superar, a fin de año, el límite de déficit del 1,5 por ciento del PIB aprobado ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este ajuste supondría un recorte de 450 millones en el gasto para 2012, lo que equivale a un 10% del Presupuesto prorrogado actual. En la reunión celebrada ayer en Madrid, el consejero de Hacienda del Gobierno regional, Ramón del Riego, de Foro Asturias, votó a favor del objetivo de déficit marcado por el Gobierno central. Aun así, por la mañana, el presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, había acusado al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, de «falta de lealtad institucional», al considerar que el déficit del Estado, con un límite que pasa del 5,1 al 4 por ciento del PIB, se corregía cargando contra las autonomías, a las que se impone un límite menor y, por tanto, un recorte mucho más estricto.

El nuevo límite del déficit, englobado dentro del programa de estabilidad presupuestaria diseñado por el Ejecutivo central, implica que el Principado tendrá que reducir su déficit, actualmente del 3,64 por ciento del PIB asturiano, en 2,34 puntos. Sólo Andalucía, gobernada por el PSOE, votó en contra de ajustarse a esta cifra máxima, mientras que los consejeros de Cataluña y Canarias se abstuvieron. Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el resultado del Consejo es «muy positivo», porque envía «un claro mensaje de confianza», al demostrar que todas las administraciones españolas se han comprometido a reducir el saldo negativo de las cuentas públicas.

El presidente asturiano ejemplificó su idea de que el Estado quería corregir su déficit a costa de las autonomías con decisiones como la de recortar las partidas de los fondos mineros. «Suprimir 1.100 millones de los fondos mineros supone trasladar el déficit del Estado al Principado de Asturias», aseguró Cascos. A su juicio, esa decisión del Gobierno central «no es aceptable desde el punto de vista político y social, pero desde el jurídico y constitucional tampoco encaja».

Cascos calificó de contradictoria la estrategia del Gobierno central, al pedir mayor flexibilidad en Europa y no rebajar el grado de exigencia con las autonomías. «Pedir a los demás lo que uno no practica no parece una política muy ejemplar, y trasladar a los demás las soluciones de los problemas propios no es asumible», reprochó Cascos. Aun así, el líder de Foro Asturias aseguró que el Principado «va a cumplir, con toda seguridad», el límite de déficit que fije el Gobierno central de Rajoy priorizando «la sanidad, la educación y el bienestar social».

El encuentro de los consejeros con el Ministro comenzó a las cuatro y media de la tarde. Antes de entrar, Del Riego -que acudió a la reunión acompañado por el director general de Presupuestos, Arturo Palacio-, afirmó que sentían «interés y curiosidad» por las explicaciones que pudiera dar el Ministro, sobre todo en lo relacionado con la «proporcionalidad» del ajuste entre el Estado y las autonomías, a las que se les exige un recorte de 15.600 millones. Según el consejero, Foro no sería el responsable del aumento del déficit asturiano, «lo único que hemos hecho ha sido aflorar el déficit existente, para que todos los asturianos sepan qué dejó encima de la mesa el Ejecutivo anterior».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal, Montoro respondió que pedir «proporcionalidad» en el reparto de la carga entre el Estado y las regiones era «un debate absurdo, inconveniente, inútil y altamente inoportuno». Para el Ministro, el verdadero debate debe ser ver «cómo atajamos el déficit estructural que hay en España».

La consejera de Hacienda andaluza, Carmen Martínez Aguayo, la única que se opuso al límite de déficit, lamentó que el Ejecutivo central trate de cargar el peso de la reducción del déficit a las autonomías cuando son éstas las que asumen el 60% del gasto estructural del Estado. El consejero catalán, Andreu Mas-Colell, que antes de entrar al Consejo afirmaba no tener una posición cerrada, optó por abstenerse, al igual que el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad de Canarias, Javier González Ortiz.

La postura contraria a la andaluza la defendieron los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP. Todos han respaldado, sin fisuras, el objetivo del déficit del 1,5 por ciento para 2012, tras la reunión para fijar posturas que los mismos consejeros mantuvieron, horas antes del Consejo, con la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Además de votar a favor del límite del déficit, algunas regiones como Baleares o Castilla y León admitieron que habrá que hacer «más ajustes» para conseguir el equilibrio presupuestario que busca el Gobierno central.

Más allá de las consecuencias de este nuevo límite, Montoro agradeció el apoyo a un «objetivo exigente». El Ministro se mostró confiado en que, pensando en el futuro nacional, a nadie le dará «pereza» reducir las desviaciones.