El viceconsejero de Sector Público, Luis de la Vallina, ha apuntado hoy que a la deuda de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), cifrada en 18,9 millones de euros, se está sumando una "avalancha" de demandas por cesión ilegal de trabajadores que, según ha subrayado, podría abocar al ente público de comunicación a una situación de cierre.

De la Vallina ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha anunciado que el Principado actuará por vía judicial ante los responsables del ente de comunicación al colocar a la RTPA en "una situación económica absolutamente inasumible".

El responsable del Sector Público ha concretado que la RTPA se enfrenta a más de 40 demandas por cesión ilegal de trabajadores, cifra que podría aumentar en el futuro hasta las 200.

Ha agregado que éstas podrían desembocar en el reconocimiento de los demandantes como personal laboral indefinido en el Ente, con las consiguientes cargas nominales o por el pago de indemnizaciones.

Ha señalado que ya hay varias sentencias que favorecen al menos a ocho trabajadores y, en concreto, ha apuntado que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado una de ellas.

De la Vallina ha reseñado que en algunas sentencias se recrimina de forma clara que las empresas se limitaban a suministrar la mano de obra mientras que la supervisión y horarios de los trabajadores de las productoras lo realizaba el personal directivo del ente público y de sus sociedades.

Para el viceconsejero, "lo que es más grave" es que uno de los trabajadores demandantes formaba parte de los servicios mínimos cuando en el ente público se realizó una jornada de huelga.

De la Vallina ha explicado que estas sentencias dan derecho a los demandantes a elegir entre pertenecer al ente o a su empresa, ante lo que los empleados optan por la RTPA al conseguir mejores condiciones laborales.

Ha adelantado que el Gobierno presentará demandas por vía judicial a los responsables del Ente por haber permitido este tipo de contratación.

En concreto, De la Vallina ha denunciado que el exdirector general de la RTPA Juan José Guerenabarrena "ocultó" información sobre estas sentencias, que comenzaron a dictarse a partir del mes de julio, durante su comparecencia en la Comisión de Control del Ente Público de la Junta General del Principado del pasado otoño.

"Los hechos demuestran que Guerenabarrena era, necesariamente, conocedor de las prácticas de cesión ilegal de trabajadores que se desarrollaban desde hacía años entre la TPA y de la existencia de demandas, sentencias desfavorables y expedientes sancionadores por infracciones muy graves tramitados por la Inspección de Trabajo, salvo negligencia absoluta o grave en el ejercicio de sus funciones", ha recalcado.

El viceconsejero también ha informado de la existencia de una deuda reconocida en el ente de 18,9 millones de euros, en la que se desprende la existencia de "un desfase oculto de seis millones de euros que ha sido arrastrado de anteriores ejercicios".

Ha señalado que el Principado, ante la solicitud de información sobre este desfase en las cuentas del ente, sólo ha recibido "excusas" para no darlas antes del 25 de marzo, día de las elecciones autonómicas.

De la Vallina ha apuntado que tanto las demandas como la deuda "son dos situaciones gravísimas que pueden abocar a un cierre del ente, sobre todo en el caso de que se tenga que asumir un centenar de trabajadores de forma directa".

Por último, ha recordado que el Gobierno regional no está de acuerdo con el actual formato de la RTPA y aboga por un medio de comunicación privatizado o de gestión privada que no cueste tantos recursos a la administración.EFE