Qué tiempos aquellos en los que las campañas electorales se iniciaban con normalidad, en los que los candidatos de los principales partidos se sentaban alrededor de una mesa y hablaban y confrontaban ideas, con brusquedad en ocasiones, pero las confrontaban. Eso ya no es posible. Desde que Francisco Álvarez-Cascos irrumpió en la vida política asturiana como líder de Foro cualquier atisbo de concordia, de sosiego, es imposible, solamente hay lugar para la agitación, para el alboroto, para el conflicto como norma exclusiva de comportamiento.

La próxima medianoche se abre oficialmente una campaña que se presume excesivamente hostil, una campaña que, viendo lo que ha pasado en las últimas semanas, será muy poco clarificadora en cuanto a propuestas concretas y en la que las referencias personales estarán a la orden del día.

Francisco Álvarez-Cascos lleva meses y meses sembrando dudas sobre la honorabilidad de los políticos asturianos, dejando entrever la existencia de una corrupción generalizada en la comunidad autónoma. Ése ha sido, es y seguirá siendo en los próximos días uno de los ejes argumentales fundamentales de Foro, en el que el presunto pacto PP-PSOE para «repartirse» Asturias tiene un papel preponderante.

Pero lo cierto es que hasta ahora el partido de Cascos no ha sacado a la luz pública ningún chanchullo económico, ni de socialistas ni de populares. El «caso Marea», en el que está implicado el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, hombre de la máxima confianza del ex presidente Vicente Álvarez Areces, y al que tanto se refieren los casquistas, ya viene de antiguo, de antes de que existiese Foro.

Poco después de tomar posesión como presidente, Álvarez-Cascos anunció la inmediata realización de diversas auditorías para destapar posibles irregularidades o ilegalidades en la Administración del Principado. ¿Qué ha sido de ellas? Porque hasta el momento, al margen del Niemeyer, no ha salido a la luz ningún tejemaneje más. ¿Qué es que no se ha encontrado nada?, o que sí hay algo, pero no de suficiente entidad. Sea lo que sea, si se destinó dinero público a unas auditorías, como se dijo, los asturianos tienen derecho a saber qué se descubrió.