Oviedo, L. Á. VEGA

La decisión de Sogepsa, espoleada por Foro Asturias, de plantear acciones legales contra LA NUEVA ESPAÑA por informar de que la sociedad compró terrenos en Oviedo, Gijón y Sariego por los que pagó precios que triplicaban incluso el fijado para los expropiados del entorno, ha causado perplejidad entre éstos y los letrados que llevaron sus recursos, que calificaron la situación de «kafkiana». Y es que Foro está defendiendo una gestión que ni el propio PSOE está dispuesto a mantener. Este partido, cuyos consejeros en Sogepsa votaron en contra de las acciones legales contra este periódico (los empresarios del sector se abstuvieron), ya ha anunciado que cambiará el funcionamiento de esta sociedad mixta, cada vez más puesta en cuestión, si gana las próximas elecciones.

El abogado Gerardo de la Iglesia, que representa a un grupo de perjudicados de la expropiación de la «parcela 51» en Prado de la Vega (Oviedo), calificó la decisión forzada por los consejeros afines al casquismo de «impertinente e improcedente». Para el prestigioso abogado, «la decisión de Sogepsa no se tiene en pie, jurídicamente es insostenible y, políticamente, incomprensible». De la Iglesia aseguró no comprender cuál es el juego de Foro Asturias. «Al parecer no quiere que los ciudadanos se enteren de lo que ha ocurrido en Sogepsa», añadió.

Miguel Eduardo García, de la plataforma de expropiados de La Magdalena, también mostró su extrañeza por la decisión de Sogepsa, forzada por Cascos. El avilesino aseguró no comprender por qué «no se ha buscado aclarar las responsabilidades de quienes perjudicaron los intereses de los expropiados». Y sacó a colación las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Supremo que dan la razón a los expropiados. «No se ha aclarado quién tomó las decisiones y quién se benefició», añadió.

Elena Medina, de la asociación «San Julián», de Roces, en Gijón, localidad cuyos vecinos se han visto afectados por las expropiaciones de Sogepsa, también se mostró extrañada de la actitud de Foro Asturias, toda vez que las informaciones de LA NUEVA ESPAÑA se refieren a decisiones tomadas antes de que llegasen al poder. «Llama la atención que haya adoptado esa postura. No sé qué tienen, esperemos que lo puedan explicar», añadió la gijonesa. Para Medina, está claro que «hay que investigar estas cosas y los medios de comunicación están para eso, para informar, especialmente cuando todos sabemos lo que pasó con esas operaciones».

En una de ellas, la de la «parcela 51», Sogepsa la adquirió por 9 millones a una inmobiliaria a un precio muy superior a los 3,8 millones que habría tenido que pagar de acuerdo a la tasación para las expropiaciones forzosas. Más tarde, en 2006, en Roces, pagó a una empresa de prefabricados a 87 euros el metro cuadrado, el doble de lo fijado por la CUOTA, que era 43,32. En Sariego, Sogepsa pagó casi el triple por la expropiación a otra empresa.