La acusación popular apunta a Cascos

El letrado Miguel Á. Garrido cree que «lo lógico» sería que el líder de Foro fuera llamado a declarar, a la luz de los informes policiales l La fiscalía anticorrupción, a la espera de imputar a Luis Bárcenas

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Oviedo, L. Á. VEGA
La acusación popular del «caso Gürtel» considera que «lo lógico» es que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz llame a declarar a Francisco Álvarez-Cascos, para aclarar a quién pertenecen las iniciales «P. A. C.» que aparecen anotadas en la documentación de las empresas de Francisco Correa y que según un informe interno de la unidad de delincuencia económica (Udef) corresponderían a un alto dirigente del Partido Popular que habría recibido cerca de un millón de euros en dos pagos, según manigestó ayer a LA NUEVA ESPAÑA el letrado Miguel Ángel Garrido, de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). Este letrado, que encabeza la acusación popular, se mostró dispuesto a solicitar al juez medidas para aclarar a quién pertenecen las iniciales «P. A. C.».

La fiscalía anticorrupción considera que esas siglas pueden corresponder a Paco Álvarez-Cascos, según fuentes citadas por el diario «El Mundo». En el sumario, de las declaraciones de Francisco Correa se desprende que éste se refería al actual presidente regional como Paco. Correa comenzó su fructífera relación con el PP cuando Álvarez-Cascos era secretario general del partido. A Cascos le gustó sobre todo que Correa les organizase los mítines por una cuarta parte del dinero que venían gastando en esos eventos, según declaró el propio Correa ante el juez Pedreira.

El nuevo paso que la fiscalía anticorrupción podría dar en próximas fechas apuntaría hacia el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que dejó de estar imputado el pasado 1 de septiembre, después de que el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estimase que no había indicios suficientes contra el que fuera mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos cuando era secretario general de los populares, entre 1989 y 1999, y uno de sus amigos más íntimos.

Anticorrupción ya recurrió este sobreseimiento ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia madrileño, que decidió enviar las actuaciones a la Audiencia Nacional. La fiscalía volvió a recurrir ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional y ha pedido al magistrado Pablo Ruz que remita a esta sala el reciente informe de la Udef que aporta nuevos datos que permitirían identificar a Luis Bárcenas como la persona que se corresponde con las iniciales «L. B.» que se encuentran en la documentación de las empresas de Correa.

Este último informe establece que «L. B.» participaba activamente en las labores de blanqueo de la «trama Gürtel», que utilizaba empresas radicadas en paraísos fiscales como la isla de las Nieves, en el Caribe, aunque con cuentas en Suiza, para sacar del país el dinero de las comisiones ilegales y volver a traerlo en forma de inversiones inmobiliarias en Madrid.

El informe, remitido inicialmente al juez Ruz por la Udef, ha sido enviado a la fiscalía para que solicite lo que considere oportuno, que puede ser desde una ampliación de las investigaciones para aclarar a quién pertenecen las iniciales hasta la citación del propio Bárcenas como imputado. Posteriormente, el informe de la unidad de delitos económicos se remitirá a la acusación popular para hacer lo propio. El letrado Miguel Ángel Garrido indicó que el magistrado podría decidir también abrir una pieza separada y secreta, para preservar las pesquisas.

El juez ya ha imputado a trece personas, entre las que se encuentran el ex director de Comunicación del gestor aeroportuario AENA y un empleado del ente de la época en la que Cascos era ministro de Fomento. La Policía ha determinado que ambos recibieron servicios e incluso dinero por un importe cercano a los 90.000 euros por parte de las empresas de Correa, en una época en la que éstas realizaron servicios para AENA por importe de 2,4 millones de euros, concretamente la instalación del stand del ente aeroportuario en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). También han sido imputados los administradores de Teconsa, una empresa leonesa que realizó trabajos en Asturias.

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