Oviedo,

Félix VALLINA

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se comprometió ayer a realizar las «actuaciones necesarias» para corregir las causas que provocan las crecidas de los ríos asturianos, que traen consigo inundaciones como las que se registraron en la región a principios del mes pasado. Arias Cañete también prometió medidas para mejorar la capacidad de desagüe de los cauces con el fin de hacer frente a futuras avenidas «pese al déficit que ha dejado la ejecución socialista en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico», señaló.

El Ministro respondió así en el Congreso a una pregunta de la diputada del Grupo parlamentario Socialista María Luisa Carcedo, a la que le recordó que hasta el pasado 28 de febrero estaba al frente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) «una persona nombrada por el anterior Gobierno socialista, que bien podría haber puesto en marcha las primeras obras», en referencia a Jorge Marquínez. Arias Cañete añadió durante su intervención que, «en un corto plazo», la CHC actuará para reparar los daños que se identificaron en la reunión celebrada el pasado 15 de febrero en la Delegación del Gobierno del Principado con los alcaldes de los más de treinta municipios asturianos afectados por las crecidas. En este sentido, los regidores de los citados concejos también han solicitado la colaboración del Gobierno del Principado, del que «aún no hemos obtenido ni siquiera una respuesta», señalaron fuentes de la Federación Asturiana de Concejos.

El Ministro también señaló ayer que «se van a planificar y realizar actuaciones sobre las 74 áreas con riesgo potencial significativo de inundaciones de Asturias, que fueron determinadas en la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico Occidental y Oriental». Además, Miguel Arias Cañete se comprometió a seguir avanzando en la suscripción de protocolos de colaboración con los ayuntamientos asturianos para establecer zonas de protección fluvial, «con el objeto de evitar futuras ocupaciones de zonas inundables que incluyan corredores fluviales cuya protección urbanística es la medida más efectiva y sostenible para evitar el riesgo de inundación en estas zonas».