Las organizaciones sociales denuncian un recorte del 20% en ayudas del Principado

Las entidades, que atienden a 70.000 personas, reprochan al Gobierno regional el ajuste de las subvenciones sin abrir antes una negociación

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En primer término, Francisco Fernández Corte y Adolfo Rivas, con otros representantes de organizaciones de ayuda.
En primer término, Francisco Fernández Corte y Adolfo Rivas, con otros representantes de organizaciones de ayuda. luisma murias
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Oviedo, María José IGLESIAS

La Asociación Patronal del sector social no lucrativo (OEIS), formada por Cáritas, Cruz Roja, Fundación Vinjoy, Secretariado Gitano, Fundación ACCEM, Proyecto Hombre y Siloé, denunció ayer el recorte lineal de un 20 por ciento de fondos en las subvenciones que reciben del Gobierno asturiano, principalmente correspondientes a Bienestar Social y Sanidad, que, según el colectivo, aboca a la desaparición de proyectos y provoca serias dificultades para responder a una demanda que aumenta de forma alarmante en Asturias.

Los conciertos de financiación no se han modificado, pero sí los importes. Las entidades atienden a un total de 70.000 asturianos -siete de cada cien- en riesgo de exclusión entre los que hay reclusos, drogadictos, inmigrantes, jóvenes y niños en riesgo y personas en rehabilitación. Por eso Adolfo Rivas, director de Cáritas en Asturias y presidente de la Patronal, señaló que una dramática crisis como la actual debe combatirse con más recursos y no con reducción de fondos. «El recorte lineal no es racional, pedimos participar en las decisiones», indicó.

El problema que afrontan estas organizaciones es decidir qué proyectos continúan y cuáles se aparcan. Una cuestión difícil de dirimir, como explicó Luis Manuel Flórez García, «Floro», de Proyecto Hombre. En dos años, la media de personas en tratamiento ha ascendido de 300 a 400, y el número total de atendidos al año es de 1.200. «No vamos a dejarlos en la calle, son seres humanos, no es sólo cuestión de dinero», indicó. Las asociaciones, que forman lo que se ha dado en llamar «el tercer sector» de la acción social, porque ni son empresas ni son Administración, reclamaron a los partidos que se presentan a las elecciones autonómicas del domingo que se comprometan a no rebajar los recursos. Los representantes de las entidades recalcaron que la política social no debe ser sólo un lujo en tiempos de bonanza y tiene que contar con una base de responsabilidad política. «Al sistema de servicios sociales le falta mucho para equipararse a pilares del Estado del bienestar como la sanidad y la educación». remarcó Rivas.

Francisco Fernández Corte, vicepresidente de Cruz Roja Asturias, alertó acerca del aumento de conflictividad social que puede derivarse de la falta de recursos. De hecho, aseguró, ya se detecta un aumento de personas que ingresan en la cárcel al verse obligadas a delinquir o de niños en centros de acogida que no encuentran familias dispuestas a albergarlos. Adolfo Rivas señaló que si bien muchas actuaciones sociales pueden concurrir en el libre mercado, existen situaciones en las que no es posible. «En estos casos, la forma correcta es el concierto o el convenio directo». Añadió que entre las nuevas demandas que reciben está la petición de acompañamiento de menores en familias deterioradas por la crisis. «Los padres temen que los hijos tomen un mal camino», indicó. Rivas sugirió que un modo de sumar recursos puede ser reducir gastos institucionales.

Las siete organizaciones llamaron la atención sobre el hecho de que la lucha contra la exclusión y la fragilidad social no puede quedar reducida a una cartera de servicios y un catálogo de recursos y usuarios. Aseguran que la reorientación de las políticas sociales, en las que la persona es el centro, no puede hacerse de espaldas a la sociedad civil estructurada y a sus organizaciones, «especialmente cuando han demostrado su eficacia, vienen colaborando con los poderes públicos y son las que permanecerán en la vanguardia de lo social, tanto por vocación como por su misión», manifestó Rivas. Los actuales recortes se añaden a los que ya se aplicaron el ejercicio anterior y el precedente, del 10 por ciento cada uno respectivamente.

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