Contra los pirómanos, mejor suprimir los juicios con jurado que elevar las penas

El fiscal de Medio Ambiente resalta la dificultad de lograr condenas ante la imposibilidad de hallar testigos directos

 05:27  
Joaquín de la Riva.
Joaquín de la Riva. archivo

Oviedo, L. Á. V.
El fiscal de Medio Ambiente de Asturias, Joaquín de la Riva, se mostró ayer partidario de que los autores de incendios dolosos o intencionados (la gran mayoría de los que se producen en Asturias) dejen de ser juzgados por el tribunal del jurado y pasen a ser enjuiciados por magistrados y jueces profesionales. De la Riva prefiere esta medida a un endurecimiento de las penas para los pirómanos, como se ha sugerido desde diferentes instancias, comenzando por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

Para el fiscal, la retirada de la competencia al tribunal del jurado sobre estos asuntos es necesaria porque «la experiencia de estos años ha demostrado la dificultad de obtener condenas basadas en la prueba indiciaria, que es habitualmente con la que se cuenta en un delito que se comete en zonas apartadas, e incluso de noche, siendo muy difícil contar con testigos directos».

De la Riva sostiene que es «extremadamente complejo transmitir a personas legas en derecho que los indicios, siempre que sean plurales y estén acreditados, pueden, mediante un razonamiento deductivo lógico, llevar a la condena de una persona aunque nadie la haya visto cometer el delito o no existan pruebas directas de otro tipo». Por otro lado, el fiscal asegura que el delito doloso de incendio forestal suele llevar peticiones de pena privativa de libertad que van a suponer el ingreso en prisión, lo que hace que los miembros del jurado sean reacios a emitir un veredicto de culpabilidad basado exclusivamente en prueba indiciaria.

No sólo eso. El procedimiento del jurado es muy lento, por lo que se retrasa muchos meses, e incluso años, la celebración del juicio, con lo que se pierde el efecto disuasorio que pudiera tener una condena obtenida en fechas próximas al incendio forestal. Asimismo, es costoso desde el punto de vista económico.

A juicio de De la Riva, en zonas como Asturias, en la que todos los años se denuncia a múltiples personas por delito de incendio forestal, el procedimiento del tribunal de jurado lastra de manera importante a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, obligada a asistir desde el primer momento a toda la compleja tramitación.

En la región se ha celebrado hasta la fecha un juicio ante un jurado por un delito de incendio forestal doloso, en febrero de 2011, en el que los miembros del tribunal popular declararon «no culpable» al acusado. La fiscalía acusaba a una persona de causar incendios intencionados, en septiembre de 2008, en la Reserva de la Biosfera de las comarcas del Eo, Oscos y tierras de Burón. Se vieron afectadas varias repoblaciones de arbolado valoradas en unos 76.000 euros, así como una importante superficie de monte. Los gastos de extinción habían ascendido a 35.000 euros. La acusación se basaba en numerosas pruebas indiciarias que, sin embargo, el jurado no consideró suficiente para acreditar la autoría.

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