El juez Sorando pide apartarse del «caso Marea» por sus choques con la fiscalía

l El instructor ha solicitado dejar la investigación tras ser sancionado por sus críticas a la actuación del ministerio fiscal
l La investigación queda en suspenso a la espera de la decisión que tome la sala segunda de la Audiencia Provincial

 03:14  
Gerardo Herrero.
Gerardo Herrero. miki lópez
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Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

Ángel Sorando Pinilla, juez que instruye la «operación Marea», ha solicitado retirarse del caso que investiga una supuesta trama de corrupción en el seno de la Administración regional con motivo de sus discrepancias con la fiscalía, que han llevado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a sancionarlo. La decisión sobre la abstención del juez está ahora en manos de la sala segunda de la Audiencia Provincial, que tendrá un plazo de diez días para resolver si la acepta o decide que el caso siga en manos del titular del Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo.

La investigación quedará paralizada hasta que la Audiencia tome una decisión. En caso de aceptar la renuncia de Sorando Pinilla, el asunto recaería en manos de otro de los tres jueces de instrucción que hay en los Juzgados de Oviedo. Dado el plan de reparto de los casos, es muy probable que la investigación recaiga en el Juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, cuya titular es María Luisa Llaneza. Para Ignacio Vidau, presidente del TSJA, el proceso sólo supondrá «un pequeño parón» en la investigación, que en febrero cumplió dos años.

Sorando Pinilla trasladó ayer un auto a todas las partes relacionadas con el caso (acusaciones particulares y defensas) y a la Audiencia Provincial en el que anuncia su abstención de la causa debido a la sanción que le fue impuesta por la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras unas declaraciones a varios medios de comunicación en las que ponía en duda la imparcialidad de la fiscalía. Sorando Pinilla basa su decisión en el artículo 219 de la ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge que el instructor puede abstenerse de seguir al frente de la causa por «haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes».

Entre otras cosas, Sorando Pinilla llegó a afirmar, a mediados de septiembre del pasado año, que la fiscalía «no hizo lo que tenía que hacer» en referencia a la posición mantenida por la acusación pública en varios asuntos sobre el caso. También puso de manifiesto sus dudas acerca de la posibilidad de filtraciones a la defensa de uno de las principales imputados en la supuesta trama corrupta debido a su parentesco con uno de los fiscales. En concreto, Sorando Pinilla se refería a Ángel Bernal, letrado defensor de la ex directora general de Educación María Jesús Otero, y a su hermano Gabriel Bernal, fiscal delegado de violencia de género y doméstica de Asturias. En su auto de abstención, Sorando Pinilla se refiere además a varias de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía y mantenidas por otra de las imputadas en la supuesta trama, la alta funcionaria Marta Renedo, en las que ésta, según defiende el juez, explica a sus interlocutores la relación de su abogado con Gerardo Herrero, fiscal jefe del Principado. «Mira, él es amigo del fiscal jefe, lo conoce (...)», se lee en una de las transcripciones de las conversaciones incluidas en el sumario.

Estas conversaciones llevaron al magistrado a incluir en el secreto de sumario a la fiscalía, algo atípico. Lo hizo un día después de recibir el caso de manos de la juez Ana López Pandiella, magistrada del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, encargada de arrancar la investigación. Esta decisión llevó a la fiscalía a presentar una primera queja contra Sorando Pinilla ante la Audiencia Provincial. En un duro escrito, Gerardo Herrero señalaba que Sorando podría estar cometiendo un delito de prevaricación recogido en los artículos 446.3 y 447 del Código Penal. De todas formas, el juez levantó el secreto de sumario días después. Pero la fiscalía no retiró el recurso y la Audiencia le dio la razón en junio del año pasado.

Lejos de enfriarse los ánimos, la fiscalía presentó una queja contra el juez por unas declaraciones a varios medios de comunicación en las que ponía en duda la actuación de la fiscalía. Esto llevó a la fiscalía a presentar una queja ante la sala de Gobierno del TSJA, que la remitió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Éste la devolvió al TSJA, que a finales del pasado mes optó por amonestar con una sanción leve al magistrado. Esta sanción constará en su expediente.

Según fuentes jurídicas consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, Sorando Pinilla «está actuando por el libro», ya que con esta decisión cierra la puerta a una posible recusación por parte de las defensas de los principales imputados. De todas formas, el «caso Marea» quedará en suspenso hasta que la Audiencia Provincial tome una decisión. Si el tribunal decide aceptar la abstención de Sorando Pinilla, el retraso de este caso puede llegar a varios meses, ya que el nuevo instructor necesitará tiempo para ponerse al día sobre la causa y revisar los aproximadamente 40.000 folios que ya acumula desde que Ana López Pandiella lo inició en Gijón en febrero de 2010. Casi un año después eran detenidos el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; su «número dos», María Jesús Otero; la alta funcionaria Marta Renedo y los empresarios Alfonso Carlos Sánchez (almacenes Pumarín) y Víctor Manuel Muñiz (Igrafo).

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