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Igrafo se ahoga entre «Marea» y Hacienda

La empresa de papelería fundada por Víctor Manuel Muñiz, imputado en un caso de corrupción en el Principado,
entra en liquidación por sus deudas

 03:22  
Víctor Manuel Muñiz, a la derecha, junto a su abogado, Miguel Valdés-Hevia.
Víctor Manuel Muñiz, a la derecha, junto a su abogado, Miguel Valdés-Hevia.  luisma murias

Pablo GONZÁLEZ


La «Marea» y Hacienda se han llevado por delante a Igrafo. La firma fundada por Víctor Manuel Muñiz, uno de los imputados en el «caso Marea», que investiga una supuesta trama corrupta en la Administración regional, su hermano y otro socio espera recibir hoy un auto del Juzgado para entrar en proceso de liquidación y echar el cierre. La firma de papelería, que llegó a facturar más de 12 millones de euros al año, entró en barrena desde que se vinculó su nombre al de «Marea». La investigación judicial también ha pasado factura a la compañía, que se ha visto envuelta en una exhaustiva inspección de la Agencia Tributaria que ha desvelado supuestas irregularidades contables.


Precisamente las más que probables multas de Hacienda a la firma han llevado a sus responsables a tirar la toalla y a solicitar la liquidación. Sus administradores habían solicitado en febrero de 2011 el concurso voluntario de acreedores. Con esta medida pretendían garantizar la supervivencia de la compañía, tocada por la crisis y rematada por la detención, entrada en prisión y puesta en libertad bajo fianza de Víctor Manuel Muñiz, tras ser vinculado al «caso Marea» por supuestamente sobornar a altos cargos políticos y funcionariales para obtener contratos del Principado. Tras la detención de Muñiz, popularmente conocido como «el Tarabicu», por las pajaritas que solía utilizar, los clientes y proveedores de la firma se volvieron reticentes y los bancos cancelaron sus líneas de crédito.


Comenzaba un historia de terror para una compañía que comenzó a rodar el 25 de febrero de 1986. Fue el principio de una historia que había comenzado tiempo atrás de la mano de Muñiz y su hermano -nacidos en el barrio ovetense de Teatinos- y otro socio. El «pajarita» ejercía de hábil comercial vendiendo papel por ayuntamientos, consejerías y la Universidad. Luego el negocio creció con ventas cada vez mayores, sobre todo a las administraciones públicas asturianas, operaciones que propiciarían su caída ante las sospechas judiciales de que los contratos se lograban tras dar regalos a políticos y funcionarios. Se instaló en un local de la calle Fuertes Acevedo, que acabó ocupando los bajos de tres portales. La firma también abrió una tienda en Gijón y adquirió una nave en el polígono de Asipo.


Tras destaparse el «caso Marea», con 7,2 millones de deuda, el concurso de acreedores se presentaba como una solución. En un tiempo récord -unos cuatro meses- la empresa presentó un plan de viabilidad que fue aceptado por el juez y los administradores concursales. Igrafo lograba siete años para pagar las deudas a sus proveedores.


Para facilitar la recuperación de la imagen perdida, Muñiz se apartó del día a día de la empresa, dejándolo en manos de los propios trabajadores. Y se fusionaron las tres empresas que conformaban el grupo. Incluso Igrafo cambió de nombre, pasando a ser Servioffing.


Pero los nuevos gestores no contaban con lo que estaba por venir. Por un lado, la dura crisis económica, que ha llevado a las administraciones públicas -sus principales clientes- a congelar prácticamente las compras. Además, durante los cuatro meses que duró el concurso, Igrafo estuvo inhabilitada para trabajar con el sector público, lo que le hizo perder su posición predominante en el mercado. A pesar de los esfuerzos de los trabajadores por recuperar su sitio, los datos que se iban conociendo sobre la investigación policial, judicial y de Hacienda no ayudaron. Tampoco lo hizo que la «operación Marea» se convirtiera en una arma arrojadiza entre los partidos políticos durante las dos campañas electorales que vivió el Principado en menos de un año. Para rematar, una profunda investigación de la Agencia Tributaria amenaza con castigar a la compañía con el pago de multas millonarias por irregularidades en las declaraciones del IVA y del impuesto de sociedades. Así que una vez tomada la decisión, los responsables de Igrafo decidieron presentar la liquidación de la empresa el pasado 22 de marzo en el Juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo. A partir de ahora comenzará una fase en la que los administradores concursales tomarán de nuevo el control de la sociedad para evaluar sus activos y pasivos.


Lo que quede en caja servirá para pagar a sus acreedores, entre otros Hacienda, la Seguridad Social y las indemnizaciones a los trabajadores. Fuentes cercanas al asunto aseguran que los empleados están al día de sus nóminas. Algunos de ellos están dispuestos a seguir en el sector aprovechando su experiencia. Incluso personas cercanas al círculo familiar de los socios fundadores de Igrafo ya han comenzado la reforma de un local en el centro de Oviedo.

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