Oviedo, J. A. A.
El sector público asturiano cuenta con más de sesenta sociedades que mueven alrededor de 450 millones al año, según las fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura de Cuentas.
La red del sector público regional está formada por empresas públicas, fundaciones, organismos públicos, entes y entidades públicas que generan alrededor de dos mil empleos, una cifra en la que no se incluye la plantilla del Servicio de Salud (Sespa). De esos dos mil puestos de trabajo unos setenta son altos cargos o directivos, con sueldos que oscilarían entre los sesenta mil y los ciento veinte mil euros anuales, salarios en los que las directrices del Gobierno de Mariano Rajoy han puesto su «punto de mira», como una medida de ahorro más.
El crecimiento del sector público regional en tiempos de bonanza económica fue advertido por el Consejo Económico y Social, que en uno de sus informes constató la conveniencia de desarrollar una ley que permitiera su reorganización, al tiempo que pedía una mayor participación del Parlamento regional en esa tarea.
El Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos también se marcó como objetivo «suprimir o enajenar aquellos organismos, entidades, fundaciones y empresas públicas que no descansen en la racionalidad económica o administrativa», pero la legislatura más corta en la historia del Principado no dio para tanto. Ni siquiera para dar a conocer las auditorías que el Ejecutivo de Foro marcó en su «libro de ruta» antes de tomar decisiones, en forma de recorte. Ahora, el Gobierno en funciones tendrá que esbozar en su plan de ajuste unas medidas que vienen exigidas por el Gobierno central como condición «sine qua non» para agilizar los pagos a proveedores.
