Oviedo,

Félix VALLINA

La demanda presentada contra una empresa de mensajería por parte de uno de sus trabajadores -que responde a las iniciales D. A. S. N.- podría servir para poner patas arriba el sector en la región. No en vano, el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha dictado una sentencia por la que obliga a la firma demandada a abonarle al denunciante un total de 2.537 euros al considerar que las empresas del ramo que vienen aplicando en Asturias el convenio estatal de mensajería -como es el caso de la de D. A. S. N.- lo están haciendo indebidamente y sin ajustarse a derecho. El TSJA deja muy claro que el único convenio aplicable en Asturias en la actualidad es el del transporte de mercancías por carretera del Principado, que es mucho más beneficioso en cuanto a salarios y que supone un incremento de unos 1.500 euros anuales con respecto al estatal.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias acoge así el recurso presentado por el abogado Washington Jesús Villaverde -en defensa de los intereses del trabajador- y desestima lo dictado en primera instancia por el Juzgado de lo social. El TSJA reconoce el derecho del trabajador a percibir todas las diferencias salariales originadas por la indebida aplicación del convenio. «Desde nuestro despacho hemos constatado que muchas empresas de transporte vienen aplicando en Asturias el convenio nacional de mensajería en detrimento del convenio de transporte de mercancías del Principado de Asturias, hecho que no es ajustado a derecho, puesto que el mencionado convenio establecía la pérdida de vigencia expresa en diciembre de 2007», señaló Villaverde, que añadió: «Entendemos que la indebida aplicación del convenio estatal de mensajería tiene su origen en unas tablas salariales bastante inferiores económicamente a las que se recogen en el de mercancías».

Son muchos los trabajadores del sector de la mensajería en Asturias. «Se trata de una sentencia de bastante trascendencia. Si bien entendemos que no es el mejor momento para el sector del transporte, desde el punto de vista económico, no se puede intentar compensar un momento negativo con una interpretación perjudicial para los derechos de los trabajadores del sector», dijo Villaverde.