Oviedo, Pablo GONZÁLEZ
«Discreción, modestia y pulcritud». Éstas son las principales virtudes que destacan quienes conocen a Olga González-Lamuño Romay, la magistrada de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ponente de la sentencia que declaró nulo el escrutinio del voto emigrante de la circunscripción del Occidente de las últimas elecciones autonómicas tras un recurso interpuesto por Foro. La sentencia mantiene en el aire un diputado que en principio era para el PSOE.
La ovetense Olga González-Lamuño Romay, que roza los cincuenta años, forma parte de una familia numerosa vinculada al mundo del derecho. Una de sus hermanas es registradora de la propiedad, otra es asesora fiscal, un hermano es abogado en Oviedo y otro es un alto cargo en la Agencia Tributaria. Está casada con el procurador Eduardo Portilla, primo de José Portilla, viceconsejero de Relaciones Institucionales en el Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos. Dos de sus tres hijas mantienen la tradición familiar, ya que estudian Derecho. González-Lamuño realizó sus estudios escolares en el Colegio Peñaubiña. Tras licenciarse en Derecho destacó como una gran opositora. Así alcanzó la plaza de juez. Tras un destino fuera del Principado, regresó tras entrar por oposición -otra vía es la de la antigüedad- hace unos tres lustros en el TSJA, convirtiéndose en una de las magistradas más jóvenes de la sala de lo contencioso.
Durante años fue una de las encargadas de decidir sobre reclamaciones de índole tributaria. También se encargó de los asuntos relacionados con la protección de los derechos fundamentales. Suya es la sentencia que dejó sin efecto el impuesto especial a las grandes superficies. Fue la ponente de la sentencia que rechazó las pretensiones de los padres de la educación concertada de tumbar el nuevo mapa escolar establecido por el Principado en 2004. Y fue una de las elegidas, en 2003, por el TSJA para desatascar el colapso que sufría el contencioso.
Está vinculada al círculo de Jesús Chamorro, presidente de la sala de lo contencioso del TSJA y de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Este grupo mantiene una estrecha relación con Juan José Rivas, magistrado que formuló un voto particular contra la decisión de la Junta Electoral Central de desestimar la reclamación de Foro contra el voto emigrante.
