Oviedo,
Félix VALLINA
El Gobierno regional prometió hace meses elaborar un proyecto de ley para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas entre menores que, aunque iría «más allá», elevaría la edad mínima para adquirir alcohol de los 16 a los 18 años. Sin embargo, ha sido el Ejecutivo central el que ha decidido coger el toro por los cuernos y dar un paso que servirá para que Asturias deje de ser la única comunidad española en la que los adolescentes pueden tomar copas legalmente a partir de los 16.
El delegado del Gobierno para el plan nacional sobre drogas, Francisco de Asís Babín, manifestó ayer su intención de establecer una norma con el suficiente rango legal como para homogeneizar la edad de acceso al consumo de sustancias legales con potencial adictivo, entre las que se incluye el alcohol. Babín adelantó la iniciativa en el Congreso de los Diputados, durante su intervención ante la comisión mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de las drogas, donde compareció para exponer las principales políticas en materia de drogas y adicciones que va a llevar a cabo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Actualmente, en España no existe ninguna ley que unifique la edad a la que se puede acceder a las denominadas drogas legales, a excepción del tabaco, pero Asturias es la única comunidad autónoma en la que la edad legal para tener acceso al alcohol se establece en 16 años.
Babín destacó que el alcohol está presente en más del 90 por ciento de los casos de policonsumo. El responsable del plan nacional sobre drogas mostró su preocupación por el consumo de esta sustancia, «que es la más fácil de conseguir y está considerada como la de menor riesgo para la salud», y por ello considera necesario promulgar esta normativa «básica de mínimos», ya que en Asturias aún está permitido beber a partir de los 16 años. «No se trata tanto de legislar desde el Estado, lo que tienen que hacer las comunidades y ayuntamientos, pero sí significar de algún modo cuáles son las circunstancias en las que el consumo de alcohol en los adolescentes está claramente perjudicando a su salud y desarrollo», señaló Francisco de Asís Babín tras su comparecencia.
En este sentido, el Gobierno central intentará redactar esta normativa con el consenso de otras administraciones, según Francisco de Asís Babín, quien subrayó, no obstante, que «cuando el Estado emite legislación que pueda ser considerada básica es de obligado cumplimiento por parte de todos los territorios». El Ejecutivo aprovecharía esa norma, según Babín, para definir los distintos ámbitos de intervención en los que «es natural hacer la prevención» y para marcar cuáles son los criterios que tienen que cumplir los programas para que sean eficientes y puedan recibir fondos del Estado de cara a financiar esas actividades. Tras subrayar que el dinero destinado a programas contra el consumo de alcohol se ha duplicado de 2009 a 2011, Francisco de Asís hizo hincapié en la importancia del lenguaje en el consumo de drogas y aseguró que no se puede hablar de «blandas y duras» porque no se puede trasladar la idea de que hay sustancias «que no pasa nada porque se consuman y otras que si se hace son terribles».
El responsable del plan de drogas subrayó, por ejemplo, el poder adictivo del cannabis, que consigue atrapar al 7 por ciento de las personas que lo prueban e incluso es factible que un único consumo sea detonante de otras patologías psiquiátricas, que hasta el momento no habían dado la cara. En este sentido, criticó la polémica decisión del Ayuntamiento catalán de Rasquera de autorizar una plantación de cannabis en la localidad.
