Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
Francisco González, alcalde socialista de Cudillero a punto de dejar el cargo y flamante diputado regional, urdió una «trama» contra el ex sargento de la Policía Local pixueta, Prudencio Iván Flórez, que desembocó en la denuncia judicial del Ayuntamiento por un presunto delito de cohecho, de la que el agente ha sido absuelto tras el veredicto de inculpabilidad del jurado popular. La «represalia» orquestada por González contra Flórez se considera «hecho probado» en la sentencia sobre el caso del presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial. En ella, además de poner en entredicho la veracidad de las declaraciones de los testigos, ordena, «para que se depuren responsabilidades a que haya lugar», la apertura de diligencias por denuncia falsa presentada contra el ex sargento. Se trata de un delito que está castigado con hasta dos años de prisión en el Código Penal.
Con independencia de lo que resulte de las diligencias judiciales de oficio, el abogado defensor de Flórez, Gonzalo Botas, anunció ayer que, en cuanto le sea posible, iniciará acciones legales contra Francisco González, quien, al ser parlamentario autonómico, tiene condición de aforado. Esto significa que, llegado el caso, sólo podría ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) o, si se encontrase fuera de la región, por el Tribunal Supremo. Elegido diputado autonómico después de que el Tribunal Constitucional devolviera el PSOE el escaño por el Occidente que el TSJA había adjudicado a Foro, por el recurso casquista al voto emigrante, Francisco González anunció su renuncia a la Alcaldía de Cudillero, en la que llevaba 21 años. Será sustituido como regidor por Gabriel López a comienzos de junio. A preguntas de este diario, la Federación Socialista Asturiana (FSA) no hizo valoraciones sobre la sentencia.
Los hechos en cuestión se remontan a las fiestas pixuetas del mes de junio de 2009. Según la versión inicial del fiscal -que acabó retirando los cargos contra el ex sargento tras escuchar a varios testigos- Iván Flórez se entrevistó con A. G. M. y J. J. M. O., miembros de la Comisión de Festejos. En la reunión, el acusado habría requerido ciertas cantidades de dinero para la vigilancia policial durante las fiestas, petición que se habría justificado por el aumento de la carga de trabajo. Siempre según la acusación, el mando policial habría reclamado a la organización de los festejos 120 euros diarios por agente y día de fiesta. Ante la negativa de los miembros de la comisión, les habría pedido 120 euros por todos los días y, al final, a la vista de la oposición de sus interlocutores, acabaría solicitando únicamente una cena, a la que ni siquiera habría asistido.
Apoyada en el veredicto de «inculpabilidad» emitido por el jurado popular el pasado día 10, la Audiencia da por buena una versión radicalmente contraria. Así, asegura que el sargento Flórez, lejos de lucrarse, trató de terminar con una «serie de prácticas ilegales en el seno de la Policía». Consistían en que «los agentes recibían pagos por medio de abonos de las comisiones de festejos y de los hosteleros», quienes, «tradicionalmente, entregaban el dinero a la tesorería municipal o en mano a los anteriores jefes de policía, a concejales o al propio alcalde», Francisco González.
El sargento Flórez detectó estas prácticas y «rechazó cualquier pago en dinero negro a los agentes, expresando que éstos deberían cobrar sus emolumentos por medio de complementos salariales cuando hacían horas extras durante las fiestas locales, en lugar de aquella forma de retribución», señala la sentencia. A partir de ahí, el magistrado afirma: «Como represalia, el alcalde de Cudillero urdió una trama contra Prudencio Iván que desembocó en las presentes actuaciones penales». En consonancia con el jurado, el magistrado pone en tela de juicio la veracidad de los policías que declararon. Dos de ellos eran auxiliares y llegaron a funcionarios «sin cumplir los requisitos necesarios». Además, tampoco se fía de la versión de los integrantes de la comisión de fiestas.
