El ex jefe de compras de Mieres niega su vinculación con las empresas de «Marea»

La subdirectora de Incapacidad de la Seguridad Social aduce que las obras que aparecen a su nombre fueron contratadas y pagadas por su madre, ya fallecida

27.03.2012 | 05:25
Nieves González Menéndez, junto a su abogado, tras declarar ante Sorando.
Nieves González Menéndez, junto a su abogado, tras declarar ante Sorando.

Oviedo, L. Á. VEGA

El juez Ángel Sorando, instructor de la «operación Marea» sobre corrupción en la Administración regional, celebró ayer la segunda ronda de tomas de declaración de los imputados por recibir «atenciones o liberalidades» de la empresa Igrafo, según consta en un informe de la Agencia Tributaria de febrero pasado. Uno de los declarantes fue Francisco Javier Juárez, ex jefe de Compras del Ayuntamiento de Mieres, quien habría recibido servicios y otros regalos de la empresa de Víctor Manuel Muñiz por importe de 20.000 euros, 9.000 de ellos correspondientes a tarjetas regalo de una conocida cadena comercial. Juárez negó haber recibido estos cheques regalo, que en la declaración de Igrafo figuran a su nombre. Las acusaciones populares quieren desvelar el misterio y no descartan citar a declarar a responsables de los citados grandes almacenes.


Francisco Javier Juárez aseguró que el resto de los servicios prestados, entre los que se encuentra un viaje a Cancún, fueron pagados de su bolsillo, y cuenta con los certificados bancarios que así lo atestiguan. Tras su declaración, el abogado de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), Esteban Aparicio, indicó que «Juárez no tiene nada que ver con esta investigación, y en este caso se habría producido una irregularidad fiscal».


Tras Juárez, declaró Pilar Palicio Taberna, subdirectora de Incapacidad del Instituto de la Seguridad Social en Asturias y vinculada a la Mutualidad de la Minería del Carbón, dependiente del mismo ente. Su nombre aparece vinculado a una factura de 12.000 euros por unas obras de reforma en su casa de Langreo. Palicio declaró que las obras habían sido contratadas y pagadas por su madre, ya fallecida. Sin embargo, no pudo presentar una factura que los atestigüe.


En relación a esta factura hay algo curioso. A Igrafo le encontraron dos facturas iguales en cuanto al emisor, fecha de emisión, número e importe, aunque por distintos conceptos. Una de ellas hacía referencia a la reforma de la casa de Palicio. La otra, a una obra de reforma en la sala de lectura de un instituto, un trabajo que nunca llegó a realizarse, según los abogados de la acusación popular. En su día, el albañil que realizó el trabajo emitió una factura primero como reforma de vivienda, pero luego le pidieron que cambiara el objeto de la misma e incluyera la reforma del aula de lectura, según consta en el informe de la Agencia Tributaria.


Tras la declaración de esta funcionaria, el abogado del Partido Progresista de Belmonte, Fernando de Barutell, personado como acusación particular, indicó que «debería quedar algún rastro en los bancos, algún movimiento que permita inferir que efectivamente esa cantidad se utilizó en la realización de la reforma». De Barutell indicó que Palicio Taberna no era una persona cualquiera, sino «una funcionaria que ha tenido cierta gestión en las adjudicaciones de incapacidad», por lo que cabe la posibilidad de que se le hubiese hecho esa obra como pago a algún favor.


El letrado del Bloque por Asturies, Alberto Suárez, indicó que los citados ayer «deberían permanecer como imputados hasta que no acrediten el pago de los servicios detectados por Hacienda». Para Suárez, si es verdad que pagaron por todo ello, se estaría ante una irregularidad fiscal. «En cualquier caso, para los abogados de las acusaciones populares, estas irregularidades, por las que supongo que el juez les imputará por un delito fiscal, no tienen seguimiento alguno porque no tienen que ver con el caso de corrupción», indicó por su parte Barutell.


Ayer también declaró ante el juez Ángel Sorando la ex subdirectora de gestión del Hospital de Cabueñes Nieves González Menéndez, cesada tras conocerse su citación como imputada en el «caso Marea». Se la relaciona con ocho facturas por importe de poco más de 12.000 euros. Según la documentación de Hacienda, Igrafo habría pagado a esta funcionaria del Servicio de Salud del Principado una mudanza, la instalación de unos armarios empotrados, un aplique luminoso, unas cortinas en diferentes rincones de la vivienda y otras obras, como la instalación de mármol o la pintura de radiadores. La funcionaria, que acudió ayer con abogado, presentó documentación que acredita que pagó esos servicios, aunque luego sería Igrafo la que los presentase ante Hacienda para obtener desgravaciones.


Las próximas declaraciones serán el 2 de mayo. Están citados como imputados los administradores de tres empresas que habrían ayudado a Marta Renedo a desviar unos 140.000 euros del Principado.

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