El PP acusa al Gobierno de «bordear» la ley y colocar a «amigos» en los cargos

«Bordear» la ley para colocar a «amigos» en los cargos. Eso es, a juicio del Partido Popular, lo que ha hecho el Gobierno del Principado, del PSOE, al nombrar a los nuevos directores generales de la Administración regional. Según el diputado popular Luis Venta Cueli, de los 36 nuevos cargos aprobados el martes, a 18, el 50 por ciento, se les ha eximido del cumplimiento de la normativa vigente sobre la organización de la Administración regional.

La ley a la que el parlamentario hace referencia, aprobada en 1991, establece que, «salvo supuestos individualmente estimados», como directores generales debe designarse a funcionarios de carrera, de cualquier Administración, para cuyo ingreso fuese necesario poseer una titulación superior.

«Es un ejercicio de hipocresía política, porque el PSOE dice ser el abanderado de lo público, pero utiliza la Administración como empleadora de sus amigos», denuncia Venta Cueli. Los argumentos del Gobierno para justificar el incumplimiento de la ley, explica el diputado, aparecen en el decreto que establece la estructura orgánica de las ocho consejerías.

Como «excepciones necesarias» para que las direcciones generales las ocupasen personas que no reúnen los requisitos estipulados en la ley -la inmensa mayoría sí son titulados superiores, pero no funcionarios de puestos para los que es necesaria esa cualificación-, el Gobierno argumenta, por ejemplo, el necesario «carácter transversal» de la Administración, explica el diputado popular, o «permitir una valoración más subjetiva», en el caso concreto de la Dirección General de Política Lingüística. También la necesidad de contar, en el caso de la Dirección General de Administración Local, con «una persona que disponga de experiencia», dice el decreto. «¿Es que no hay funcionarios con experiencia»», se pregunta Venta Cueli, que cifra en 600.000 euros el ahorro anual que se habría producido si, para estos puestos, se hubiese elegido a funcionarios.

El también diputado y vicepresidente segundo de la Mesa de la Junta, José Agustín Cuervas-Mons, afirmó que los nombramientos del Ejecutivo confirmaban la «absoluta continuidad» con el anterior Gobierno socialista, en casos como el consejero de Economía, Graciano Torre, «que dejó 85.000 parados».