Más de 8.000 municipios en España no tienen sentido, se mire por donde se mire. No sólo porque muchos tengan un tamaño ínfimo, sino porque tal radical diversidad dificulta en extremo cualquier modelo común de financiación. La reforma de la planta municipal española era ya una necesidad perentoria «cuando éramos ricos» y no sólo ahora por la crisis económica. Pero debemos ser cuidadosos en la cirugía, sin aplicar motosierra donde hace falta bisturí.

Un municipio no es un campanario ni una familia, sino una Administración pública. Requiere un potencial organizativo adecuado para prestar servicios y una capacidad fiscal suficiente con tributos propios, completada (pero no sustituida) con un mecanismo de transferencias autonómicas y estatales.

El tamaño importa, pero no es lo único. El enorme Titanic se hundió, mientras que Manolo Busto en su K1 es campeón del mundo de piragüismo. La orografía, la renta o la solvencia son otros factores a considerar, al igual que la identidad, pero sin olvidar que un concejo separado implica unos costes que hay que sufragar por cuenta propia. Por similitud, cabe recordar que las cajas de ahorro gallegas fueron fusionadas a la fuerza para mantener su identidad territorial, pero el engendro final quebró. Algunos clubes de fútbol se empeñan en mantener viva una «pasión» que sólo justifica pufos y encubre bancarrotas. Así no.

El mapa municipal de Asturias es uno de los más racionales de España, como se está poniendo de manifiesto en el ciclo de debates que organiza el RIDEA hasta diciembre de este año, el cual me honro en dirigir junto a Juan Luis Rodríguez-Vigil. Además, en Asturias disponemos de fórmulas de colaboración lideradas por el Gobierno autonómico y que son paradigma de buena gestión pública en toda España. Los consorcios de basuras, transporte, agua o servicios tecnológicos, así como el ente tributario, son contrastados ejemplos de que desde el sector público se puede gestionar mejor y más barato que desde lo privado, pero sólo cuando existe voluntad política.

Mientras se profundiza en esas eficaces fórmulas de colaboración, se pueden estudiar fusiones municipales donde haya quedado demostrada la insolvencia o la inanición de los concejos. Siguiendo a Adolfo Suárez, «haciendo normal en la ley lo que ya es normal en la calle». Por ejemplo, donde exista una clara unidad funcional y territorial, caso de la Comarca de Avilés, el camino debe ser el del Ayuntamiento único, que si todavía no está constituido es por el localismo de algunos «políticos», pero no por las escasas reticencias de vecinos y vecinas.

Las fusiones municipales se pueden hacer por dos vías. Una, imponiéndolas por ley a los municipios insolventes (grandes o pequeños) o a los que no tengan actividad. Otra, incentivando a quienes voluntariamente decidan tomar ese camino, dando siempre la última palabra a sus residentes en un referéndum vinculante. Si dos concejos reciben más fondos que por separado, la fusión la tenemos lanzada.