Cada 23 de septiembre se celebra el «Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños», una fecha para recordar a los millones de personas que son tratadas como mercancía, que han perdido su condición de seres humanos libres y que son objeto de vejaciones y abusos atroces. Las historias que conocemos cada cierto tiempo sobre redes de prostitución, de mendicidad, de matrimonios serviles provocan nuestro rechazo, nuestra solidaridad, pero tal vez no sean capaces de suscitar una reflexión más profunda sobre el hecho de que algunas de esas personas están muy cerca de nosotros aunque no las veamos o no queramos verlas. La Defensoría del Pueblo acaba de hacer público un informe sobre la realidad de estas personas que son denominadas de forma muy certera «víctimas invisibles». La trata de personas no es ya un problema que afecte sólo a países empobrecidos, con escasa capacidad normativa para proteger los derechos humanos o sumidos en el caos de las guerras. La trata también se da en España con el agravante de la invisibilidad de las víctimas (casi un 80% son mujeres) que se deriva de su falta de información, de su situación de ilegalidad o del temor a ser objeto de represalias.

El informe constata la dificultad de investigar a fondo la realidad de este tipo de explotación. Una de las conclusiones es que la aparente escasez de casos denunciados a través de la fiscalía no responde a la realidad de lo que está pasando. Las redes de prostitución en las que las mujeres son los principales objetivos y los casos de mendicidad infantil y situaciones de prestamismo y abusos laborales con inmigrantes son las principales piezas que arman este rompecabezas de delincuencia y vulneración de los derechos humanos.

La carencia de datos acerca de la verdadera dimensión de la trata de personas compromete seriamente la adopción de las medidas de lucha frente a la misma, especialmente en lo referido a su dimensión transnacional y dificulta la evaluación realista del impacto de cualquier plan de intervención. Las otras formas de explotación permanecen ocultas en una gran mayoría de los casos. En los casos de trata con fines de explotación laboral es necesaria la implicación activa de todas las autoridades con competencias en el campo laboral, que han de implicarse cada día más en la lucha contra esta lacra.

La implicación social es clave para erradicar actividades que están definidas como delictivas sin paliativos y sin excepciones.

La acción del Estado y de la sociedad en general no puede frenarse por esta razón. Además, la crisis económica que recorta las prestaciones sociales en todos los niveles de la Administración y que comienza a crear un contexto de relaciones laborales en las que el «todo vale» permite especular con la necesidad ajena, puede agudizar los problemas para los sectores más vulnerables, especialmente para los inmigrantes ilegales o las personas en situaciones desesperadas que están dispuestas a aceptar cualquier cosa con tal de resistir.

Como procuradora general del Principado de Asturias, quiero pedir en esta tribuna el compromiso de la Administración y de la sociedad para denunciar y perseguir cualquier indicio de trata y de explotación. Quiero además reforzar el compromiso de la institución que encabezo para contribuir con nuestros medios a proteger los derechos de las posibles víctimas y a instar a la Administración a comprometerse en la erradicación de estas terribles situaciones que anulan la vida de tantas personas débiles e inocentes.