Oviedo, J. A. ARDURA

La celebración de un referéndum o consulta popular sobre la independencia de Cataluña sin la autorización del Gobierno español no tiene encaje alguno en la Constitución española. Los constitucionalistas consultados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en que el Gobierno central tiene todos los argumentos jurídicos de su parte y en que la Generalitat no tiene cobertura legal dentro del marco de la Constitución española para promover de forma unilateral la consulta sobre la autodeterminación que ayer respaldaron 84 de los 135 diputados del Parlamento catalán.

«El Gobierno y el Parlamento catalán no tienen ninguna vía legal para promover esa consulta o referéndum sin la autorización del Gobierno de España», precisa el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset. El Gobierno español tiene un amplio abanico de posibilidades, que van desde la impugnación inmediata de esa consulta en cuanto se convoque de forma oficial, que lleva pareja la suspensión inmediata del referéndum hasta que el Constitucional resuelva, a medidas más coercitivas como la modificación del Código Penal para perseguir como conducta delictiva dicha convocatoria.

«Ninguna región o comunidad autónoma puede hacer ese tipo de consultas sin el permiso del Gobierno central», afirma Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, quien alude a la intentona del lendakari vasco Juan José Ibarretxe en 2008.

El Gobierno español también tendría de su parte el derecho internacional, que «no reconoce ningún derecho de autodeterminación y, por el contrario, defiende el principio de integridad territorial de los Estados», afirma Ramón Punset. «Cataluña no es una colonia», precisa el constitucionalista. Si el Gobierno y el Parlamento catalanes siguieran adelante con su iniciativa, «el Gobierno central debería actuar con rapidez y firmeza, y proporcionadamente, porque estamos ante un asunto muy serio, en el que el Estado debe ejercer sus facultades sin mirar para otra parte», plantea Punset, quien añade que el Gobierno catalán «perdería su legitimidad ante los ciudadanos si se aparta del derecho. ¿Cómo va exigir el deber de obediencia a los ciudadanos si no respeta la Constitución?», pregunta el catedrático de la Universidad.

Francisco Bastida comparó la estrategia seguida por el presidente de la Generalitat, Artur Más, con la de un mal jugador de ajedrez. «Ha hecho la primera jugada sin ver las siguientes, quizá porque sabe que no le queda más salida que romper el tablero. Porque tras el primer paso de convocar la consulta, el segundo sería qué pregunta hacer a los ciudadanos. ¿Seguir como hasta ahora, ser un Estado federal, ser un Estado libre asociado, como planteaba Ibarretxe, ser algo parecido a Andorra o ser un Estado independiente en la Unión Europea? Al pueblo hay que preguntarle sobre algo concreto». Este catedrático de Derecho Constitucional es categórico sobre la respuesta que el Gobierno central debería dar a la convocatoria del referéndum: «Debe impugnar el acto ante el Constitucional, con efectos de suspensión, que lo acabaría declarando nulo de pleno derecho».

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«El Gobierno de España debe actuar con rapidez y firmeza, y proporcionadamente»

<Ramón Punset >

Catedrático de Constitucional

«Ninguna autonomía puede hacer un referéndum sin autorización del Gobierno»

<Francisco Bastida >

Catedrático de Constitucional