Oviedo, P. GALLEGO

«Es un símbolo de la megalomanía del ex presidente del Principado». Son palabras de un portavoz del PP a cuenta del despacho presidencial que, a principios del verano de 2007, el Gobierno de Areces abrió en el edificio de la Laboral, en Gijón, y del que ahora el actual jefe del Ejecutivo regional, Javier Fernández, ha decidido prescindir. «Es una muestra más del despilfarro y del derroche de la época arecista», añade. El complejo administrativo en Gijón que el despacho de Areces coronaba costó entonces 1,6 millones de euros de las arcas regionales.

Son pocos, prácticamente ninguno, los políticos que hace cinco años criticaron la inauguración de aquella «oficina institucional» en Gijón y que hoy siguen en activo. Eran, principalmente, concejales ovetenses del grupo municipal del PP, preocupados por lo que, decían, era un «ataque» a la posición de Oviedo como capital del Principado. Un paso más, aseguraban los entonces concejales, con el visto bueno de la dirección regional de su partido, en la operación de «cerco» a la que, según el PP, el Gobierno del Principado sometía a la ciudad, racaneando las inversiones, principalmente en materia cultural. Eran los tiempos en que la Laboral se llevaba un buen trozo del Presupuesto regional de Cultura para su vuelta a la vida y el Gobierno planeaba ya la construcción, en Avilés, del Centro Niemeyer.

El ayuntamiento de Oviedo valoró positivamente la decisión de Javier Fernández, que coincide con sus aspiraciones. El ayuntamiento de Gijón, dirigido ahora por Foro, rechazó opinar del cierre de la oficina del presidente regional en la Laboral, abierta en una época en la que ambas administraciones estaban gestionadas por el PSOE. PSOE e IU descartaron comentar la medida.

El despacho presidencial en la Laboral -que el anterior presidente, Francisco Álvarez-Cascos, mantuvo abierto aunque afirman que nunca lo utilizó-, queda ahora sin uso. Ya no habrá recepciones a ministros en visita a Asturias, ni reuniones con representantes empresariales. «Que Javier Fernández no lo vaya a utilizar poco importa ya», reconocen los populares, «porque el daño ya está hecho: se habilitó, se amuebló y se mantuvo». «A lo que queda», apostillan, «que se le busque un uso público, útil para los ciudadanos, que compense semejante dispendio».