Oviedo, Félix VALLINA
El titular del Juzgado de lo penal número 4 de Oviedo, Francisco Javier Iriarte, ha ordenado el derribo de una construcción situada cerca de Oballo, en el parque natural de las Fuentes del Narcea, que fue adquirida en calidad de cabaña y acabó convertida en una vivienda familiar. Además, Iriarte condena al propietario del inmueble -al editor de revistas conservacionistas José Manuel Reyero- a una pena de un año y medio de prisión y quince meses de multa a razón de quince euros diarios por un delito contra la ordenación del territorio. La sentencia, sobre la que cabe interponer recurso de apelación, también dicta un año de cárcel y trece meses de multa -a quince euros diarios- para Adotino Menéndez, titular de la empresa Construcciones La Pescal, de Cangas del Narcea, y encargado de llevar a cabo la reforma.
La sentencia considera probado que el 6 de abril del año 2010 José Manuel Reyero contrató con la empresa La Pescal, propiedad de Adotino Menéndez, «la construcción de una edificación con tipología de vivienda familiar» en el paraje conocido como Colladiego -en el entorno de la localidad de Oballo- que se había de llevar a cabo sobre una cabaña ya existente. El juez asegura que Reyero carecía de licencia legal para llevar a cabo esta construcción, que siguió su curso hasta que fue paralizada por la Consejería de Medio Ambiente el 13 de octubre de 2010. Una inspectora urbanística del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la Consejería, acompañada por una guarda del Medio Natural, comprobó entonces que cuatro operarios de Construcciones La Pescal estaban trabajando en la construcción de una vivienda de «mampostería de piedra y aparentemente doblada en su interior con un tabique cerámico». La estructura de la cubierta era de madera y el material de cobertura del tejado, pizarra.
El suelo en el que se llevaron a cabo los trabajos está situado en el interior del parque natural de Fuentes del Narcea, declarado Reserva de la Biosfera, y está calificado como no urbanizable de especial protección. La denuncia de esta actuación fue interpuesta en su día por un particular que remitió la información a la fiscalía. A consecuencia de estos hechos el Principado destituyó de su cargo al que por aquel entonces era el director del Parque, Emilio Capitel.
El propietario del inmueble, José Manuel Reyero, alegó en el juicio que las obras efectuadas en el inmueble no pasaban de ser unos arreglos, pero el juez no piensa lo mismo. Entre otras cosas, Iriarte se basa en la cantidad de dinero invertido en las obras, 72.000 euros, un montante que multiplica por treinta y siete el precio que José Manuel Reyero Peláez pagó por el inmueble. No en vano, Reyero se hizo con la cabaña -antiguamente propiedad de un guarda forestal con residencia en Gijón y que había sido acondicionada para poder pernoctar en ella ocasionalmente- por un precio de 1.900 euros. La sentencia también deja claro que «ninguno de los dos acusados podía desconocer la necesidad de contar con previa autorización administrativa para la ejecución de obras como las que contrató don José Manuel Reyero Peláez: es éste un trámite del que cualquier ciudadano, sin necesidad de contar con especiales conocimientos en Derecho Urbanístico o con asesoramiento externo, sabe exigido por el ordenamiento jurídico».
