El presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, ha firmado la venta a dos particulares por un importe total de 15.133 euros de los cuatro vehículos Volkswagen Phaeton adquiridos por la Cámara autonómica en 2004.

La compra de estos coches por el Parlamento regional para su uso por parte de la Presidencia de la Cámara y de los grupos parlamentarios generó hace ocho años una intensa polémica tras abonar la Junta General 66.648 euros por cada uno de los vehículos.

A comienzos de la pasada legislatura, los grupos parlamentarios acordaron poner en marcha el proceso para vender estos vehículos y sustituirlos por otros automóviles de gama más baja y se procedió a la convocatoria de una subasta que se declaró desierta.

Así, el pasado 11 de septiembre, ya en la nueva legislatura, la Mesa de la Cámara acordó abrir un expediente de enajenación directa de los vehículos y se delegó en el presidente del Parlamento la aprobación del pliego de condiciones de la nueva licitación y la adjudicación de los vehículos al mejor postor.

Al finalizar el periodo para presentar ofertas por los vehículos, matriculados en enero de 2004 y que oscilan entre los 214.720 y los 413.550 kilómetros realizados, concurrieron diecinueve ofertas, una de las cuales fue excluida por presentarse fuera de plazo.

Una vez estudiadas las ofertas, el presidente de la Cámara aprobó el pasado martes una resolución en la que ratificaba la propuesta de los funcionarios que las examinaron para adjudicar tres de los vehículos a una misma persona -que pagará 3.500 euros por dos de ellos y 4.000 por el tercero- y el cuarto a otro de los oferentes, que deberá satisfacer 4.133 euros para hacerse con el cuarto.

Al comienzo de esta legislatura, este asunto fue abordado dentro de las negociaciones que mantuvieron los grupos parlamentarios sobre el reparto de medios humanos y materiales para el nuevo mandato y que se saldó con un acuerdo que generaría un ahorro de unos 485.000 euros del presupuesto de la Cámara regional.

De esta cantidad, 55.000 euros procedía de la decisión de eliminar los contratos de los conductores del vehículo oficial de que disponía cada uno de los cuatro grupos en la pasada legislatura y de los gastos de mantenimiento de los coches.