Oviedo, Álvaro FAES
Los más ricos de Asturias, aquellos con participaciones en empresas y un patrimonio superior a 5,5 millones, pagarán 2.247 euros más al año en tasas como consecuencia de la subida del impuesto de patrimonio. Así lo pactó el Gobierno socialista a principios de semana con los diputados de Izquierda Unida y UPyD, como parte de la ley de ajuste que las tres fuerzas apoyarán en la Cámara. Las cuentas más saneadas de la región, siempre bajo el supuesto de los 5,5 millones, pasan por tanto de 14.984 euros anuales a los 17.232 que deberán satisfacer para cumplir con sus obligaciones.
El incremento para las rentas más altas oscilará entre el 10 y el 20 por ciento, según el nuevo criterio de subida progresiva en función del patrimonio, frente a la aplicación lineal vigente con anterioridad. El ejemplo práctico lo puso la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, cuestionada ayer en la Junta General por la diputada del PP Emma Ramos, que advirtió del riesgo de «huida de capitales» a otras comunidades autónomas con una fiscalidad más favorable, como Madrid, Cantabria o Aragón, según citó la popular.
La teoría del PP la suscribió ayer también el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón. «Me constan casos de personas físicas a las que les resulta más interesante, a ellos y a sus hijos, estar domiciliados en otra comunidad con menor presión fiscal. No es tan difícil buscar una residencia en Madrid», advirtió.
Tras la subida que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero efectuó en 2011, el mínimo exento pasó de 108.000 euros a 700.000, excluida de esta cantidad la vivienda habitual, hasta un máximo de 300.000 euros. Dolores Carcedo puso ayer sobre la mesa, durante el cara a cara que sostuvo con Emma Ramos, varias muestras que, según explicó, desmontan la teoría de que el impuesto de patrimonio ha experimentado una subida espectacular. «Un contribuyente con un patrimonio de 1,5 millones pasa de pagar 119,49 euros al año a 120,68, una subida de 1,19 euros al año. Y alguien que tenga dos millones, de 1.807 a 2.012,94, lo que suma 205,22 euros más de lo que venía pagando. Esto no es espectacular y sí estar en paro y no tener cobertura, establecer un euro por receta o cerrar hospitales y centros de salud».
Tras lo que era una crítica a las políticas del Partido Popular en el Gobierno central, Dolores Carcedo explicó que las decisiones que toma el Ejecutivo regional intentan «equilibrar» los sacrificios entre la población. «Lo que nos parece razonable es pedir un esfuerzo a quien más tiene y puede pagarlo».
La popular Emma Ramos, ya en la parte final de un Pleno que se fue a las cinco horas de duración, no solo advirtió de la posible huida de capitales. «Puede haber efectos indirectos sobre las empresas, un menor consumo y la reducción de la riqueza de la comunidad autónoma». Achacó también a la necesidad socialista de contar con pactos en la Cámara el hecho de que, a la hora de ajustar, el Gobierno se apoye en aumentar los ingresos y menos en la reducción del gasto. «No lo hacen porque podría perjudicar el futuro del Presupuesto, pues no tendrían el apoyo de uno de sus socios, que está continuamente exigiendo la subida de los tipos impositivos».
Dolores Carcedo puso los titulares a la sesión plenaria de ayer en la Junta del Principado, interpelada en dos ocasiones por el Partido Popular. Antes de la firme defensa que hizo del nuevo impuesto de patrimonio, adelantó que el sector público se encuentra por fin a punto para su primera reestructuración. El popular José Agustín Cuervas-Mons reprochó la tardanza de Carcedo en presentar la ley, cuando en intervenciones anteriores se había comprometido a hacerlo el pasado septiembre. «Lo importante es que existe un compromiso», se defendió Carcedo, antes de avanzar que la primera ley de reestructuración del sector público ya tiene el visto bueno del Consejo Económico y Social y que está lista para su aprobación por el Consejo de Gobierno, previsiblemente la próxima semana, antes de darle traslado a la Cámara. La ley prevé la supresión del Instituto de Estadística; la enajenación de participaciones en Sedes y Hoasa; la liquidación de Ditasa, del Parque de la Prehistoria y del gestor de telecomunicaciones; la unificación del 112 y Bomberos; la revisión del objeto social del Serpa, y la fusión de la Sociedad Regional de Turismo y Recrea.
