Oviedo, Marcos PALICIO

Oviedo / Madrid, P. GALLEGO / Agencias

Los empleados públicos han decidido pasar a la acción y reclamarán ante los tribunales la paga extra de Navidad que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió el pasado mes de julio, y que se ha extendido a las comunidades autónomas en cumplimiento del decreto del Ejecutivo central. La Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleados del Sector Público -que integra a CSIF, Comisiones Obreras, UGT y los sectoriales- llegó ayer al acuerdo para utilizar la vía legal en sus reclamaciones. «Nadie está de acuerdo con que nos quiten la paga extra, y si es por ley, resistiremos con uñas y dientes», sentenció ayer el portavoz de CSIF en Asturias, Juan Gavira.

Además de la vía jurídica, los representantes de los funcionarios utilizarán, a nivel nacional, un modelo de reclamación acordado que presentarán ante los gobiernos de las comunidades autónomas. «Lo vamos a llenar de reclamaciones», afirma Gavira, «porque, como poco, tenemos derecho a cobrar por el devengo de mayo y julio, hasta la fecha en la que se aprobó el decreto».

En la reunión celebrada ayer los empleados públicos acordaron forzar a los ejecutivos autonómicos para que, al menos, adelanten el pago de la extra de junio de 2013 a enero de ese mismo año. Eso es lo que han hecho los gobiernos de Extremadura y Navarra, una «argucia», afirman los sindicatos, para simular que la cobran, cuando es en realidad la del verano de 2013. Eso sucedería de la misma forma en 2014 y en 2015. El Ejecutivo vasco en funciones ya ha anunciado que los 70.000 funcionarios y empleados públicos de su Administración autonómica cobrarán la extra de Navidad, a lo que destinarán 208 millones de euros de fondos propios. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha advertido que quienes recuperen la paga suprimida se enfrentarían a un recurso de inconstitucionalidad por «incumplir la legislación básica».

Sin paga extra de Navidad se quedarán también, si nada lo remedia, los trabajadores de la constructora pública Sedes. La plantilla, inmersa en un expediente de regulación de empleo (ERE), que conllevará 47 despidos y 53 trabajadores regulados, recibió ayer una notificación de la gerencia en la que se les informa de que no cobrarán esta paga. «Parece que ahora sí les conviene que seamos totalmente del sector público», denuncia el comité de empresa. «La razón es el decreto del Gobierno central, que el Principado acata», explica, «no entendemos por qué, si nunca hemos tenido consignación presupuestaria, si no recibíamos dinero del Principado, sino que sólo les hemos aportado beneficios, aunque ahora no lo hagamos, nos incluyen esta medida y nos dejan sin paga», añaden. La plantilla de Sedes estudiará hoy en asamblea posibles medidas que tomar ante una situación que, alertan, podría extenderse a otras empresas públicas.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha decretado la suspensión cautelar de los nombramientos de altos funcionarios aprobados por el Gobierno del Principado el pasado 19 de septiembre. En la relación figuran más de 200 puestos entre jefaturas de servicio y secretarías de despacho, y el tribunal cuestiona el método, la perseverancia de la Administración en el uso indiscriminado del sistema de libre designación, «a dedo», cuya licitud ha sido cuestionada con reiteración por los tribunales. El auto del TSJA acepta los argumentos del sindicato USIPA, representado por el letrado Eduardo Rueda, y atiende a la sucesión de sentencias judiciales dictadas por esta misma sala y por el Tribunal Supremo con serias objeciones al abuso de la libre designación en lugar del preferible concurso de méritos en las designaciones de altos funcionarios del Principado.

El texto de la resolución menciona expresamente «la reiteración de pronunciamientos sobre la libre designación de determinados puestos de trabajo» y ante la cascada de fallos desfavorables a la Administración devuelve a su punto de partida la relación de puestos impugnada por el sindicato. El tribunal se pronuncia, así, una vez más en contra de la generalización de este método de provisión para cargos en los que no se justifica la concurrencia de las condiciones que hacen admisible su uso: el desempeño en los puestos a los que se aplica de funciones de especial responsabilidad y confianza.

El auto de suspensión cautelar impide cualquier nombramiento nuevo por libre designación sin que previamente se apruebe una nueva relación de puestos de trabajo que limite este sistema excepcional a aquellos puestos específicos para los que resulta lícito conforme al criterio expresado con reiteración por los tribunales. El fallo menciona, asimismo, la sentencia en la que el mismo tribunal rechaza el argumento del Principado sobre la base de la ley dictada por el Gobierno de Vicente Álvarez Areces en septiembre de 2010 con el propósito de autorizar el nombramiento «a dedo» de todos los jefes de servicio.

José Luis González, coordinador de USIPA, censuró la actitud de una Administración que «hace de lo excepcional lo ordinario» y que ha desoído todos los fallos judiciales en su contra en esta materia. González destaca que el auto «pionero» del TSJA obliga al Gobierno de Javier Fernández a modificar sus criterios de provisión de altos funcionarios y espera que los responsables de la función pública «se sienten a negociar para que podamos tener una Administración transparente y no clientelar».