Oviedo, L. Á. VEGA
Los funcionarios de Justicia iniciaron ayer su particular protesta contra la subida de tasas judiciales del ministro Ruiz-Gallardón, que consideran un síntoma más de que «la justicia, tal como la conocemos, va a desaparecer», en palabras de Cristina Esteban, de CSIF. La campaña, a la que se han sumado todos los sindicatos del sector (UGT, CC OO, CSIF, CSI y STAJ), continuará hasta el próximo 19 de enero y se une a la que ya mantienen los abogados, que ayer reivindicaron la legalidad de la protesta llevada a cabo el lunes, y los propios jueces, enfrentados además al ministro Gallardón por cuestiones económicas y organizativas.
«Son ya muchas cosas. Son las tasas, pero también es la ley de Registro Civil y el resto de cambios que quiere introducir el PP», indicó Esteban. «La justicia no es gratis, porque supone un fuerte coste, en mantenimiento de edificios y demás, pero es una exageración repercutirlo en el justiciable. No puede ser que haya que pagar 800 euros para presentar un recurso de apelación o 200 para impugnar una multa», añadió Esteban.
La recogida de firmas, que se inició ayer en Oviedo, se irá desplazando por diversas sedes judiciales de la región, con el fin de reunir el mayor número de apoyos y presentarlos posteriormente al Ministro. Los abogados también han iniciado una recogida y están repartiéndose diversos impresos para llevar su protesta a la vertiente legal. Tienen previsto instar una cuestión de constitucionalidad en cada escrito que presenten en el Juzgado, reclamar, por otro lado, el aplazamiento del pago de las tasas y más tarde reclamar la devolución de las mismas. Las medidas amenazan con llenar de recursos toda la Administración.
El próximo miércoles, día 12, los jueces protagonizarán en Oviedo una nueva protesta contra la subida de tasas que podría ser similar a la protagonizada el lunes por los abogados en los Juzgados y la Delegación del Gobierno. En esta última sede presentaron un escrito dirigido al Ministro para exigir la retirada de la subida. La Policía detuvo brevemente la marcha a la entrada de la plaza de España, al considerar que los abogados no tenían autorización para circular en manifestación. Los letrados quisieron dejar claro ayer que su protesta había sido perfectamente «legal». El pasado viernes, a las once menos diez de la mañana, enviaron un fax a la Delegación del Gobierno informando de que se concentrarían ante los Juzgados. A la una y media de la tarde, dos horas y media después, remitieron otra comunicación por el mismo conducto, indicando que recorrerían varias calles de Oviedo (la calle Alférez Provisional, la avenida de Galicia y Santa Susana, para desembocar en la plaza de España) y presentarían un escrito en la Delegación. «Todo indica que este segundo fax no llegó a manos de la Policía, motivo por el que detuvieron la marcha, pero teníamos autorización», indicó Ignacio Cuesta, secretario del Colegio de Abogados. Cuesta añadió que, una vez presentado el segundo escrito y al no mediar una orden contraria por parte de la Delegación, la marcha quedaba autorizada.
