Oviedo, María José IGLESIAS
El Gobierno del Principado estudia el posible adelanto a enero de la mitad de la paga extra de junio para compensar a los 35.000 empleados públicos autonómicos por la pérdida de la extra de Navidad, una medida ordenada por el Ejecutivo de Rajoy. Este posible anticipo salarial, sujeto a disponibilidad de liquidez económica en las arcas públicas regionales, supondría una inyección de unos 35 millones de euros en los bolsillos de los funcionarios y, por extensión, en la economía asturiana, en unas fechas en las que el comercio fía buena parte de su facturación anual.
Esta medida que baraja el Gobierno socialista regional compensaría de alguna manera los fuertes ajustes del Ejecutivo central, pues la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios sumada a la no actualización de las pensiones en Asturias detraerá en torno a 150 millones de euros de la economía asturiana, algo que sin duda se dejará sentir en el consumo. El impacto será especialmente notable porque el sector comercial asturiano fía entre el 15 y el 20 por ciento de su negocio anual a las ventas que se hacen entre finales de diciembre y principios de enero.
Asturias es la cuarta comunidad autónoma, junto con Extremadura, País Vasco y Navarra, que plantea compensar a los funcionarios por la pérdida de la gratificación de diciembre ordenada por decreto del Ejecutivo central de Mariano Rajoy. En Extremadura el pago entra en confrontación con la normativa nacional, puesto que esta comunidad autónoma tiene pensado destinar a abonar la paga extra de los empleados públicos los fondos que percibirá tras una sentencia del Tribunal Constitucional que le dio la razón frente al Gobierno central por la aplicación de un impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito.
El Gobierno vasco en funciones también mantiene su intención de pagar la extra. El Gobierno de Navarra ha dado el visto bueno a un anteproyecto de ley foral con el que plantea adelantar al 3 de enero y al 3 de julio el cobro de las extraordinarias de los funcionarios entre 2013 y 2015.
Precisamente, uno de los requisitos que plantea la Consejería de Hacienda del Principado para liberar los fondos es que el pago no contradiga la legislación nacional. Los empleados públicos de toda España han reclamado ante los tribunales la paga navideña que el Gobierno de Rajoy suprimió el pasado julio y que por real decreto extendió a todas las comunidades. El Principado baraja anticipar solamente el 50% de la paga de verano en previsión de que el Gobierno central decrete en próximas fechas un nuevo e hipotético recorte del 20% en el sobresueldo de julio.
Juan Gavira, portavoz de la Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleados del Sector Público, que integra a CSIF, mostró ayer su escepticismo por un adelanto que, según señala, es «pan para hoy y hambre para mañana». Gavira es partidario de que los funcionarios perciban al menos un cuarto de la paga de Navidad, por la que ya cotizaron los meses anteriores al anuncio de su supresión en 2012. Además, ve otras dificultades técnicas. Una de ellas, el hecho de que los devengos de la paga de verano se llevan a cabo entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo. «Me pregunto qué ocurriría en el caso de funcionarios que cobren por adelantado y cesen antes de mayo o se jubilen. Tendrían que devolver el dinero y se plantearía un nuevo problema», indicó.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha advertido que quienes recuperen la paga suprimida se enfrentarían a un recurso de inconstitucionalidad por «incumplir la legislación básica». De hecho, el director general de Función Pública, José María Gancedo, también habría expresado dudas sobre la viabilidad de la medida en una reunión con los representantes de los funcionarios el pasado 30 de noviembre. Posteriormente, la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, se comprometió a examinar el posible adelanto, solicitado en ese mismo encuentro por la CSI. El presidente de la Junta de Personal Funcionario, Miguel Ángel González, confirmó que la CSI movió ficha e incluso se dirigió al presidente del Principado, Javier Fernández.
La iniciativa del Gobierno también ha encontrado eco en IU, que ayer reconoció que el asunto llegó a tratarse en uno de los encuentros mantenidos para negociar el apoyo a la ley de Presupuestos.
