La comisión parlamentaria del caso Marea ha recibido un escrito en el que se denuncian irregularidades en empresas del entorno de Igrafo y que afectan a la Consejería de Salud, por lo que ha decidido derivar los hechos a la Fiscalía, por la posibilidad de que existan nuevos delitos.
Según ha informado hoy en un comunicado el presidente de la comisión, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, el órgano parlamentario estudiará la información, pero era preciso legalmente remitir los hechos a la Fiscalía.
De esta forma, pretenden cumplir con la obligación prevista en el artículo 263 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que "los que por razón de sus cargos, profesiones y oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción, y en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante".
Los hechos, según ese escrito, se refieren a titulares ya implicados en otras áreas del caso Marea y que afectan a la Consejería de Salud, al Servicio de Consumo, y por consiguiente a altos cargos del último Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces.
La mesa de la comisión de investigación del Caso Marea, reunida hoy en sesión extraordinaria, ha acordado trasladar "de inmediato" el documento a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según Prendes, en el escrito se adjuntan actuaciones que nunca se llevaron a efecto y se aportan datos contables precisos.
