El Gobierno de Asturias ha reclamado la suspensión de la ley de tasas judiciales para las víctimas de la violencia de género, informa la Consejería de Presidencia.

La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo, ha denunciado que la tramitación del divorcio en caso de agresión obliga a asumir el pago de 300 euros.

Carmen Sanjurjo considera que la aplicación de la ley de tasas judiciales penaliza a las mujeres y en particular a las víctimas de la violencia de género.

Por ello ha reclamado al Gobierno de España la suspensión de la normativa y la adopción de medidas para paliar esta situación hasta la entrada en vigor de la ley de justicia gratuita aprobada el pasado día 11.

Carmen Sanjurjo realizó esta petición durante la reunión del Instituto Estatal de la Mujer y de las representaciones de los departamentos responsables de las políticas de mujer de las comunidades autónomas, que se celebró ayer en Madrid.

La directora del Instituto Asturiano de la Mujer trasladó la preocupación existente entre los colectivos y asociaciones asturianos de mujeres ante la aplicación de la ley de tasas judiciales aprobada el pasado 20 de noviembre, "que está teniendo una negativa incidencia en las políticas de apoyo a las víctimas de la violencia de género".

Añadió que "la propia ley considera que el nuevo escenario normativo tiene un impacto nulo en materia de igualdad, lo que contrasta con el hecho de que el 64 por ciento de las demandas de divorcio registradas anualmente en España son interpuestas por mujeres".

Sanjurjo precisó que si se hubiesen pagado tasas judiciales por las 110.000 demandas de divorcio registradas en 2011 los ciudadanos habrían abonado un total de 43 millones de euros, 25 de ellos por mujeres.

Advirtió de que en la situación actual las mujeres víctimas de malos tratos tienen que pagar una media de 300 euros para iniciar los trámites de divorcio de su agresor.

Con el fin de evitar que las víctimas de malos tratos paguen esas tasas, el Instituto Asturiano de la Mujer apuesta por que el Gobierno de España suspenda de manera temporal la orden ministerial que regula la aplicación de las tasas judiciales hasta la entrada en vigor de la ley de justicia gratuita tal como vienen solicitando grupos políticos, colegios y asociaciones profesionales y responsables institucionales.

Carmen Sanjurjo se interesó por conocer para cuándo prevé el Gobierno central la entrada en vigor de la ley dado que "mientras no esté aprobada no se garantiza el acceso a la justicia gratuita a aquellas mujeres sin recursos que quieran interponer una demanda de separación o divorcio, ni siquiera en casos de violencia de género".