Oviedo, P. GALLEGO /

J. A. ARDURA

Más luz sobre el «caso Marea». IU y UPyD pedirán a la Sindicatura de Cuentas que incluya en su programa de fiscalización el análisis de todos los contratos menores y los procedimientos negociados suscritos por las consejerías de Educación y Administraciones Públicas entre los años 2007 y 2010. Los dos partidos que solicitan ahora la intervención de la Sindicatura de Cuentas sobre la contratación de los dos departamentos vinculados al «caso Marea» fueron decisivos para la investidura del socialista Javier Fernández como presidente del Principado, en mayo del pasado año.

El portavoz de UPyD, Ignacio Prendes, aprovechó la comparecencia del síndico mayor, Avelino Viejo, y del síndico Antonio Arias para argumentar la petición de unos informes que entren en detalle sobre los procedimientos negociados y los contratos menores tramitados por José Luis Iglesias Riopedre y Ana Rosa Migoya, responsables de esos dos departamentos en los años objeto de la investigación.

«Han sido dos áreas de riesgo y queremos que la Sindicatura ponga su foco sobre ambas», manifestó el diputado del partido magenta, que ha sustentado esa petición en un artículo del Parlamento regional que permite solicitar la intervención de la Sindicatura sobre cualquier entidad del Principado siempre que esa petición parta, al menos, de dos grupos de la Junta General. Fuentes de UPyD aseguraron que cuentan con el respaldo del grupo de IU para materializar dicha petición de fiscalización. «La Sindicatura es la linterna del Principado sobre elementos de control en un tiempo en el que los ciudadanos exigen que la transparencia y la rendición de cuentas sean máximas», planteó Prendes ante la Comisión de Hacienda del Parlamento regional, a última hora de la tarde.

También ayer, a última hora de la mañana, se conocía que el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre será el primero en sentarse ante la comisión parlamentaria que investiga en la Junta General esta supuesta trama de corrupción y adjudicación irregular de contratos en el seno de la Administración regional. Será el próximo 19 de febrero, por la mañana, y Riopedre no acudirá solo. El mismo día han sido citadas otras dos de las imputadas por el juez en este caso: la ex directora general de Planificación Educativa María Jesús Otero -mano derecha del ex consejero- y la funcionaria Marta Renedo.

El calendario de comparecencias se acordó definitivamente ayer en la primera Junta de Portavoces del nuevo período de sesiones. Después, ya en la reunión de la comisión, se fijó el orden concreto, comenzando por los imputados para seguir, después, por los máximos responsables políticos entonces, funcionarios y técnicos. Al día siguiente, el miércoles 20, ante la comisión pasarán el ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces y el ex consejero de Economía Jaime Rabanal. También los otros dos principales imputados, los empresarios Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín) y Víctor Manuel Muñiz (Igrafo). En la lista figuran, además, la ex consejera de Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya y el ex titular de Fomento Francisco González Buendía. Las comparecencias, cincuenta y nueve en total, se celebrarán los martes por la mañana y los miércoles en sesión de mañana y tarde, hasta el 27 de marzo.

El calendario, propuesto por el presidente de la comisión, el diputado de UPyD Ignacio Prendes, no contó con el visto bueno de los cinco partidos con representación en la Junta. Foro se abstuvo en la votación y el PP se opuso, al considerar que el calendario obliga a modificar el trabajo ordinario de la Junta en beneficio de esta comisión respecto a las otras dos comisiones especiales abiertas en este momento -la del Niemeyer y la que estudia el régimen electoral- y por creer que el orden debería haber sido justo el contrario: llamar primero a los técnicos y los funcionarios para, recabada toda la información, interrogar después a los imputados y los políticos.

Finalizada la Junta de Portavoces, el debate se trasladó al exterior. Prendes acusó a los populares de querer «torpedear la comisión», al poner problemas con el calendario. «Si no quieren trabajar con intensidad, al menos que no molesten», aseveró, «al Partido Popular no le gusta la investigación». El objetivo de UPyD, dijo Prendes, es «investigar la verdad» y trabajar «con rigor e intensidad, aunque suponga un sobreesfuerzo a los diputados». El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, apostilló que lo que el PP hace es torpedear «todo lo que toca».

Ante las críticas, la presidenta y portavoz parlamentaria popular, Mercedes Fernández, señaló que su partido lleva denunciando este caso desde hace más de dos años, cuando Prendes aún no estaba en la Junta. «La historia democrática de Asturias no empieza ni con él -por Prendes- ni con sus seis asesores, afortunadamente para la región», sentenció. Según el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, es realmente el PSOE «quien quiere dinamitar la comisión de investigación desde dentro».

La portavoz de Foro, Cristina Coto, lamentó que Prendes quiera «priorizar su comisión sobre el resto de la actividad», por el deseo del diputado de UPyD de «liquidarla cuanto antes».