Dentro del proceso de demolición del raquítico Estado del bienestar del que llegamos a disfrutar en nuestro país, la estrategia más sangrante e insolidaria es la que el PP y la derecha nacionalista catalana, allá donde gobiernan, están desarrollando contra el Sistema Público de Salud. La disminución de los recursos públicos, fruto de la crisis, pero, sobre todo, de un sistema fiscal injusto, está sirviendo de argumento para el deterioro de la sanidad pública, reduciendo servicios e imponiendo aportaciones económicas a los pacientes.

Por una parte, el Gobierno de Mariano Rajoy creó un mecanismo de repago de los medicamentos, reforzando la visión de los enfermos como meros compradores, imbuidos de un desenfrenado espíritu consumista, y a la vez recortaba las consignaciones en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, especialmente la del fondo de cohesión, que tiene como finalidad garantizar un cierto grado de homogeneidad asistencial básica en el conjunto de las comunidades autónomas.

Por otra, la Comunidad Autónoma de Madrid, laboratorio en los últimos años de la política sanitaria conservadora, dio un paso más imponiendo el euro por receta, convirtiendo así al paciente en contribuyente, y está desarrollando un proceso de privatizaciones que afecta a hospitales y centros de salud, aunque, según sus propios Presupuestos, el coste de cama hospitalaria al año en un centro público madrileño fue en 2012 de 307.187 euros, por 485.970 en uno concertado, un 58,2% más caro. Mientras, Castilla-La Mancha cierra las urgencias nocturnas en varios pueblos, obligando a desplazamientos de hasta 50 kilómetros. El resultado de todo ello es que el Servicio Público de Salud, que encuesta tras encuesta reflejaba un alto grado de satisfacción de la sociedad española, empieza a irrumpir en los estudios del CIS como una preocupación. Según éstos, en diciembre de 2010 la sanidad sólo era una preocupación para el 3% de los ciudadanos, el éxito del PP es que dos años más tarde lo sea ya para el 12,9%.

El argumento de que la sanidad española es cara resulta absolutamente falso. Al contrario, es muy eficiente, en gran parte por el compromiso y el esfuerzo de la mayoría de los profesionales que constituyen el sistema; como ocurre con la enseñanza o la justicia, también en el punto de mira.

El gasto sanitario medio en Europa en 2011 fue de 2.103 euros por persona, en nuestro país de sólo 1.673. En relación al PIB, el Eurogrupo gasta en sanidad el 12%, en España el 9,5%. Mientras que en la OCDE el gasto sanitario ha crecido en los últimos diez años un 4,1%, aquí lo ha hecho un 2,7%.

El coste de nuestro sistema admite comparación con el de cualquiera de los países que han optado por un modelo privatizador. En Estados Unidos, el gasto sanitario por persona asciende a 6.123 euros, casi cuatro veces el nuestro, representa el 17% del PIB y deja sin cobertura al 20% de la población, teniendo otro 50% menos de prestaciones y servicios que en España. En Holanda se inició la privatización en el año 2000 y al día de hoy su gasto sanitario representa el 15% del PIB (un 65% más que en España) y mantiene al 5% de la población sin cobertura. En Gran Bretaña la privatización se tradujo en que el coste de una intervención quirúrgica sea un 11% más cara en un hospital privado que en uno público y que, curiosamente, el gasto administrativo haya pasado del 4% al 15%.

La única razón real del ataque a la sanidad pública es facilitar beneficios a la iniciativa privada en el ámbito en el que, hasta ahora, tenía un papel secundario. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el capital especulativo intentó aterrizar en el ámbito de los servicios sociales, al calor de la ley de la Dependencia, con inversiones en residencias cuyas plazas pudiesen ser concertadas. La paralización de dicha ley y la situación económica han cerrado esa opción y la sanidad se convierte en el oscuro objeto del deseo de los que siempre ganan. Si la reforma educativa es pura ideología, la reforma sanitaria es puro negocio.