La subdirección general de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias notificó ayer la revocación de la comisión de servicio a tres funcionarios que desde 2005 -uno de ellos- y desde 2009 -otros dos-, ejercían como educadores en la Unidad Terapéutica Educativa (UTE) del centro penitenciario de Villabona. Las comisiones finalizaban los próximos meses de mayo y junio, respectivamente.

Fuentes próximas a la Unidad Terapéutica -donde 470 internos y 19 internas (un tercio de los que hay en Villabona) desarrollan un proyecto sin drogas de reinserción en la sociedad- denunciaron ayer que la destitución de los educadores supone «un paso más para desmantelar el proyecto, que tras la revocación de otros dos educadores en noviembre y a falta de posibles nuevas incorporaciones, cuenta ahora con dos personas para dar continuidad al proyecto».

Desde Instituciones Penitenciarias, cuyo titular es Ángel Yuste, un portavoz aseguró de forma tajante que el organismo apuesta por la continuidad de la UTE de Villabona y del resto de las que hay en España, términos en los que la Administración central ya se pronunció el pasado mes de diciembre. La salida de estos educadores es un capítulo más en la polémica que acompaña a la UTE desde que en noviembre saliesen a la luz las denuncias de la Asociación de Familiares de Internos, que hablaban de «trabas, por parte de la dirección del centro (penitenciario), para realizar la labor habitual». Los defensores de la UTE indican que los responsables críticos con esta unidad parecen ver en ella un bastión de poder dentro de Villabona, «cuando se trata de un espacio educativo, sanador y recuperador de personas», señalan.

Los funcionarios, que no perciben una retribución especial por estar en la UTE, volverán a sus puestos de origen como vigilantes. Fuentes de la Unidad Terapéutica manifestaron ayer su incertidumbre ante las futuras intenciones de la dirección. Hablan incluso de «venganza» por el desenlace de la querella por injurias interpuesta por el coordinador de la UTE, Faustino García Zapico, contra el director de la prisión, Esteban Suárez, con el que LA NUEVA ESPAÑA trató de ponerse ayer en contacto, sin éxito. La demanda fue originada por un escrito publicado por el director de la cárcel en el tablón de anuncios del centro el pasado 13 de diciembre, que García Zapico consideró ofensivo y llevó ante el juez.

El pasado miércoles ambos acudieron a un acto de conciliación, en virtud del cual Suárez tendrá que indemnizar con 1.500 euros al funcionario del centro y fundador de la UTE, le pide excusas públicas y reconoce que las afirmaciones contenidas en el escrito objeto de denuncia constituyen «un ataque frontal y directo contra el trabajador».

La Junta General debatirá mañana una proposición no de ley, de los grupos Socialista, Izquierda Unida y Mixto, en la que reclaman la continuidad del proyecto, que se facilite el trabajo de los profesionales y que se renueven las comisiones de servicio suprimidas. Los grupos también piden apoyo para el modelo de derivación de los internos a los recursos terapéuticos y programas con los que trabajan desde hace años, así como que se restituya a la fundación ADSIS en las tareas de colaboración que venía realizando de forma altruista con internos de la UTE desde hace 14 años.

La Asociación de Familiares de la UTE lanzó en noviembre una petición de ayuda a las instituciones asturianas en defensa de los módulos que albergan a reclusos que voluntariamente se comprometen a dejar la droga. Los familiares reclamaron entonces el cese de lo que consideran «una actitud de «acoso, descrédito y amenazas al equipo multidisciplinar de la UTE». En diciembre se celebró en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo un acto de apoyo a la UTE en el que la asociación, respaldada por representantes políticos y de instituciones asturianas, volvió a reclamar a la dirección de la cárcel «que desista de cuestionar sistemáticamente los programas terapéuticos de los centros a los que se deriva a los internos y que no obstaculice las actuaciones que se realizan con familiares e instituciones».