El juez de «Marea» llamará a declarar al ex gerente de la Universidad como imputado

El juez del «caso Marea» llamará a declarar como imputado al ex gerente de la Universidad, Eusebio González, a petición de la Fiscalía o por iniciativa propia, a raíz del anónimo remitido a la comisión de investigación parlamentaria en el que se indica que la empresa Igrafo, una de las implicadas en esta trama, habría pagado cuatro facturas por importe de 6.339 euros relativas a unas obras en el chalé del ex directivo universitario en la localidad llanisca de Celorio. Tanto el magistrado Ángel Sorando como la fiscal del caso ya indicaron su intención de llamar a declarar a González durante las últimas comparecencias del caso, hace quince días. La duda es si Eusebio González será llamado a declarar dentro de la causa principal, o si Sorando abrirá una pieza separada y secreta para desentrañar si hubo irregularidades en la Universidad.

Lo que ha llevado a González a las puertas de los tribunales son cuatro facturas que datan de marzo, junio y octubre de 2010. Las facturas habría correspondido a la ampliación de la iluminación exterior de la vivienda del entonces gerente, situada en la urbanización «Cuetu Pipe» de Celorio, para el aumento de la instalación eléctrica del mismo chalé, para la adecuación de la iluminación exterior y también para la ampliación del sistema de seguridad contra robo. Las obras fueron facturadas por la empresa Zitec y pagadas por Igrafo, siempre según el anónimo, que fue entregado por el presidente de la comisión parlamentaria, el diputado de UPyD Ignacio Prendes, a la Fiscalía, y ésta lo remitió luego al juez Sorando al considerar que debía investigarse.

Entre 2008 y 2010, siendo gerente González, la Universidad adjudicó a Igrafo medio centenar de contratos. El juez investiga si en alguna de las adjudicaciones se vulneró la ley, al concurrir a un mismo concurso tres empresas relacionadas con Igrafo. González nunca ha reconocido abiertamente una relación de amistad con el empresario Víctor Manuel Muñiz, aunque en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA reconoció que conocía « a mucha gente», aunque no era responsable de las acciones que pudiesen realizar.

Como publicó LA NUEVA ESPAÑA el 10 mayo de 2011, tanto Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) como Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín) alardeaban de sus buenas relaciones con los directivos de la Universidad. Así consta en el sumario, que adelantó este periódico. En las conversaciones grabadas a Muñiz, en las que sale a relucir la realización de una obra en el campus de Mieres, se cita en varias ocasiones a un tal «Eusebio», pero la Policía no pudo determinar si se trataba del gerente de la Universidad o de otro cargo de la misma, aunque el citado tenía una relación cercana con el rector.

González no sería el primer directivo de la Universidad imputado en este caso. El ex director de la Politécnica de Mieres, Antonio Bernardo Sánchez, también fue imputado por supuestos regalos de Igrafo por importe de 66.000 euros. La Audiencia Provincial anuló la fianza impuesta a Bernardo por entender que en el auto de Sorando no estaba suficientemente justificado que el hoy ex director de la Politécnica hubiese cometido los delitos que se le imputan. La declaración de Bernardo destapó una supuesta deuda de 300.000 euros de la Universidad con Igrafo por trabajos realizados en el campus de Mieres. La reclamación judicial de esta cantidad ha quedado recientemente vista para sentencia, según fuentes cercanas a Igrafo.

De ser imputado González dentro de la causa principal, el caso se alargaría aún más, para desmayo de quienes quieren cerrar una instrucción que se alarga ya tres años. Las próximas declaraciones están previstas para el jueves y el viernes de la semana que viene. El día 21, jueves, declararán tres testigos, entre ellos Soledad Sánchez Somonte, directora de la casa de acogida de Oviedo. El viernes, día 22, la ex jefa del Servicio de Planificación, Centros e Infraestructuras, Consuelo Carrera Suárez, que trabajaba a las órdenes de la ex directora general María Jesús Otero. Sorando ha utilizado con Carrera una de sus fórmulas habituales, es decir, darle a elegir entre declarar como testigo o, su lo prefiere, como imputada, para lo cual debe presentarse con el correspondiente abogado defensor. Es la misma fórmula utilizada con el empresario Maximino Fernández, que entró como testigo y salió como imputado de su declaración.