La reforma local no suprime concejales, pero reducirá el número de liberados

La reforma de la Administración local que ultima el Gobierno de Rajoy no incluirá finalmente una reducción general del número de concejales, aunque sí limita el número de ediles con derecho a retribución económica y fija los topes máximos para sus sueldos. Se trata de una alternativa con la que «se ahorra mucho más» y que potencia la «participación voluntaria en política», según subrayó ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien precisó que, de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo, solamente tendrán dedicación exclusiva y sueldo el 18% de los 68.285 ediles que hay ahora en España. En Asturias, cobrarían en torno a 240 de los 946 concejales electos. Uno de los aspectos más polémicos del plan, que ya fue rechazado ayer por la Federación Asturiana de Concejos, es que deja sin retribución a los alcaldes y los concejales de los concejos con menos de mil habitantes. En el Principado son dieciocho municipios.

El proyecto que Montoro presentó al Consejo de Ministros y que ya ha sido remitido al Consejo de Estado fija un tope retributivo tanto para los alcaldes como para los empleados públicos locales. En este último caso, el límite salarial vendrá marcado en los Presupuestos Generales del Estado y no será decidido por las corporaciones municipales, como sucede ahora. Además, se limita el número de asesores en los consistorios, hasta un máximo de 6.489 en todo el país.

En total, el Gobierno calcula que las medidas incluidas en el proyecto de reforma de la Administración local supondrán un ahorro de 7.129 millones de euros. Llama la atención que sólo un 2% corresponda a medidas de recorte en el gasto por altos cargos y personal eventual. Las mayores partidas salen de la «clarificación de competencias» y de la «eliminación de duplicidades» entre las distintas administraciones.

Las retribuciones máximas de los alcaldes y los concejales, incluyendo todos los conceptos, se fijarán anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, atendiendo a criterios de población, según explicó Montoro. El tope se iguala al salario de un secretario de Estado -entre 95.000 y 100.000 euros brutos anuales-, lo que supone un notable incremento sobre el límite de 68.981 euros que se incluía en el anteproyecto conocido en julio del año pasado.

El máximo de 100.000 euros será para las ciudades de más de medio millón de habitantes. El tope para Oviedo y Gijón se establece en unos 80.000 euros, una cifra que está por encima de los que hoy perciben sus regidores, Agustín Iglesias Caunedo y Carmen Moriyón, respectivamente. El baremo va bajando de acuerdo al porcentaje que se observa en el gráfico que acompaña esta información, hasta los concejos con menos de mil habitantes, en los que no habrá sueldos ni para el alcalde ni para los concejales. La reforma también establece que sólo cobrarán dietas por asistencia a sesiones de órganos colegiados aquellos ediles que no dispongan de sueldo municipal fijo.

El objetivo del Ejecutivo es que en España no haya más de 12.188 ediles con dedicación exclusiva, para lo que también establece un baremo en función de los habitantes de cada municipio. De acuerdo con el proyecto que presentó Montoro, Oviedo y Gijón no podrán tener en ningún caso más de dieciocho ediles en esa situación. En la actualidad, Oviedo tiene doce concejales liberados, todos ellos con dedicación exclusiva, a excepción de dos de Foro, que la tienen al 75% y al 95%. En Gijón tienen dedicación exclusiva diez de los dieciséis liberados. El tope máximo es para Madrid, con cuarenta y cinco dedicaciones exclusivas permitidas, mientras que a los concejos de menos de 1.500 habitantes no se les permite tener ninguna.

El Ejecutivo no contempla la fusión de ayuntamientos, pero advirtió de que se les irán quitando competencias en el caso de que no sean eficientes y de que «en casos extremos» se procederá a la intervención. Además, establece la desaparición de las mancomunidades y las parroquias rurales que no presenten sus cuentas en un plazo de tres meses.

El plan del Ejecutivo también define con precisión la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la Administración local. Según explicó Montoro, se suprimen las «indebidas», que «están generando un grave perjuicio económico a los ayuntamientos», quedando establecido que la sanidad y la educación son responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas. En principio, los consistorios tendrán competencia sobre urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua, infraestructura viaria, emergencia social, Policía Local, protección civil, extinción de incendios, tráfico urbano, ferias, salubridad pública, cementerios, deporte, participación ciudadana y control de la escolaridad. El proyecto del Gobierno marca un período de tres a cinco años para completar el proceso de reasignación de competencias.

Los servicios municipales deberán someterse a un proceso de evaluación por parte del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de conocer su coste y ver si resultan eficientes. En el caso de que se demuestre que la Administración local no puede mantenerlos y de que se trata de una competencia impropia, los servicios quedarán suprimidos, mientras que si se trata de un servicio mínimo pasará a depender de la comunidad autónoma. La ley fijará un coste estándar para cada servicio público, de modo que si un municipio de menos de 20.000 habitantes gastara por encima de ese estándar en la prestación de un servicio deberá ceder la gestión del mismo a la Diputación o a la autonomía.

El Ejecutivo establece que la delegación de competencias a una entidad local siempre será por un período de tiempo de no más de cinco años y que tendrá que ir acompañada de su financiación íntegra. Un Ayuntamiento podrá renunciar a una competencia en el caso de no recibir los fondos para sufragarla.

Montoro también anunció una revisión del sector público local, para «racionalizar su número y su estructura». Los consistorios no podrán crear ningún organismo y deberán liquidar o corregir la situación de aquellas entidades en situación de déficit.

A la espera de una valoración más en profundidad, el presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Antonio de Luis Solar, alcalde socialista de Pravia, abogó ayer por la mejora del proyecto durante el trámite parlamentario que se desarrollará a continuación. En primera instancia criticó la intención de que los ediles de los concejos menos poblados no puedan cobrar sueldo y las dificultades que, a su juicio, atravesarán los concejos de menos de 5.000 habitantes para poder seguir prestando servicios.