El ex presidente del Partido Popular de San Martín del Rey Aurelio y ex vicesecretario del PP regional, Joaquín Fernández, participó en el intento de «manipular» un concurso público para que la empresa GRS ARS Local se hiciese con el contrato de la «gestión de tráfico y multas» en Cangas del Narcea. Al menos eso es lo que recoge la jueza que instruye el «caso Pokémon», la gijonesa Pilar de Lara, en el auto que justifica la entrada en prisión provisional del administrador de la firma catalana, Alexander Ros Valls, acusado de lograr adjudicaciones de distintas administraciones públicas en varias provincias españolas «mediante la realización de sobornos en sus diversas modalidades» y uno de los tres imputados de la «operacción Manga» -una subtrama de «Pokémon» por la que fue detenido Joaquín Fernández- que permanece en la cárcel por orden de la magistrada-. Pero el ex presidente del PP de San Martín no actuó solo. Según el auto, lo hizo en colaboración con Carlos Guerrero, asesor del equipo de gobierno de Cangas del Narcea y ex alcalde de Pravia, quien supuestamente sería el hombre de la trama en el Consistorio.

El documento firmado por Pilar de Lara refleja que en las escuchas «se han advertido contactos» de Alex Ros en Asturias «con la persona» de Joaquín Fernández, «con la finalidad de manipular un concurso en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea». Según el auto, el Consistorio cangués disponía, en el momento en el que se realizaron las investigaciones, a las que no se pone fecha, «de un presupuesto para la contratación de la gestión de tráfico y multas solicitado a la firma Vialine, que ha sido identificada como una sociedad de reciente creación de nombre Vialine Gestión». A pesar de ello, «y una vez que Joaquín Fernández conoce a Alexander Ros, entre ambos y Carlos Guerrero realizan estudios y propuestas destinadas a que el contrato se gestione por el procedimiento de negociado sin publicidad». La juez sostiene que entonces se solicitaron «tres presupuestos a tres empresas», siendo éstas Vialine, GRS «y otra que sería facilitada por Vialine (sin conocer la finalidad) o por la propia GRS», recoge literalmente el escrito. De esta forma, la firma GRS jugaba con las cartas boca arriba, ya que, según la juez, «conociendo los presupuestos de las otras dos» siempre sería la empresa catalana «quien presentaría un presupuesto más bajo» para hacerse con el contrato.

Pilar de Lara considera que Joaquín Fernández actuó de intermediario entre la empresa GRS (Alexander Ros) y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea (a través de la persona de Carlos Guerrero) y que eso puede probarse porque hay grabaciones en las que «informa a Alexander de las conversaciones que mantiene sobre este asunto con Carlos Guerrero y viceversa». La instructora del «caso Pokémon» considera que Alex Ros «podría haber estado utilizando como técnica habitual la de pagar porcentajes y comisiones para la consecución de los contratos con las administraciones públicas».

Lo que sí refleja el auto es que en el momento al que se refiere la juez Joaquín Fernández estaba trabajando para Aquagest, una de las dos firmas que están siendo investigadas en la «operación Manga», junto a GRS ARS Local, por supuestas concesiones irregulares de contratos de gestión del agua en distintos ayuntamientos, sobre todo gallegos, a cambio de sobornos. Durante su declaración en los juzgados de Lugo, el ex dirigente popular recibió preguntas sobre su relación con Cangas del Narcea -un Ayuntamiento que fue sometido a registro por orden de la juez y que el año pasado firmó un polémico contrato con Aquagest por 165.400 euros-, pero también fue cuestionado acerca de su posible conexión con otros consistorios asturianos en los que la empresa para la que todavía trabaja -al menos hasta el día en el que fue detenido, como él mismo reconoció- tiene la concesión del servicio de gestión del agua. La jueza insistió mucho, según fuentes ligadas al caso, sobre el contrato de Aquagest con el Ayuntamiento de Llanes.

La supuesta relación entre Ros y Joaquín Fernández es el puente que une dos comunidades salpicadas por la «operación Manga», un caso por el que han sido imputadas hasta el momento nueve personas (cuatro en Galicia, el popular asturiano y otras cuatro en Cataluña). A su vez, según el auto emitido por la juez, el administrador de GRS ARS Local también habría actuado en colaboración con José Luis Míguez -gerente de Aquagest en Santiago de Compostela y también en prisión- y con Ángel Espadas (en la cárcel), ex edil compostelano y ex jefe de gabinete del ex regidor Gerardo Conde Roa, para obtener negocios en Galicia.