«A diferencia de lo que dijo el ex presidente Areces, la declaración de hoy (por ayer) pone de manifiesto que los controles en la Administración no sólo no funcionaban, sino que no existían». Así resumía ayer Alberto Suárez, el letrado que representa al Bloque por Asturies en la proceso del «caso Marea», la declaración ofrecida ante el juez Sorando por la ex jefa del servicio de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y «número dos» de María Jesús Otero, Consuelo Carrera. La ex funcionaria aseguró desconocer por qué desde la Consejería en la que trabajaba se firmaron obras en institutos que no se ejecutaron o entregas de material que nunca llegaron a su destino. Según sostiene, ella proponía los pedidos y las solicitudes de los centros y después le llegaba «todo hecho» de instancias superiores. Según Fernando Barutell, letrado del Partido Progresista de Bimenes, Consuelo Carrera «firmaba y verificaba» que se habían realizado los trabajos y las entregas, pero reconoció que «nunca comprobaba» si en realidad era cierto porque los documentos le llegaban «dentro de un expediente administrativo».

Consuelo Carrera había sido llamada a declarar como testigo por el abogado de Riopedre, Sergio Herrero, en relación a su asistencia a uno de los viajes que supuestamente organizaba Otero y para preguntarle a cerca del que ella y otras personas ligadas a la Consejería presuntamente le regalaron al ex consejero una estancia en Tenerife que a su vez aparece en la contabilidad de una de las empresas investigadas. Llegó como testigo, pero el juez comenzó a poner sobre la mesa expedientes con su firma y varios de los abogados presentes durante su testimonio ya tienen en mente pedirle a Sorando que sea imputada. «El otro día Otero dijo que no sabía nada, la testigo de hoy tampoco... ¿Entonces quién es responsable? ¿Nadie llamaba a los institutos para saber si las cosas se habían hecho? Desde luego hubo grandes cantidades de dinero y grandes contratos que no se entregaron y alguien tendrá que dar respuestas. Es mucho dinero, hablamos de un millón y pico de euros y no vale decir que nadie lo sabía», afirma Barutell.

Ángel Sorando le preguntó a la testigo sobre «más de 20» expedientes en los que la Policía ha detectado irregularidades, «como las obras en Infiesto, en el Instituto Doña Jimena de Gijón, suministro de materiales en un centro de Langreo, en otro de Cangas de Onís...». Los letrados lo tienen claro: «La testigo no se da cuenta de la trascendencia de lo que ha declarado. Nosotros teníamos ganas, como su señoría, de cerrar el asunto, pero no se puede. Esto nos obliga a investigar más cosas», subrayó Esteban Aparicio, abogado de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL).

Por otra parte, el Parlamento aprobó ayer por unanimidad que la Sindicatura fiscalice los contratos menores promovidos por las consejerías de Educación y Administraciones Públicas entre 2007 y 2010, período que abarca la investigación del «caso Marea». La iniciativa fue planteada por los diputados Ángel González, de IU, e Ignacio Prendes, de UPyD. Es la primera vez que dos grupos parlamentarios impulsan la realización de un informe por parte de la Sindicatura. Prendes destacó que el análisis del órgano fiscalizador contribuirá a la tarea iniciada por la comisión de investigación, ante la que declararon esta semana los responsables de esas consejerías en aquella etapa, José Luis Iglesias Riopedre y Ana Rosa Migoya.