Oviedo, J. A. A.
UPyD exigió ayer una posición clara al presidente del Principado sobre los casos de corrupción. Sin pronunciar su nombre, Ignacio Prendes pidió a Javier Fernández un pronunciamiento sobre la situación del diputado socialista Francisco González, que declaró como imputado el pasado jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tras una querella presentada por un sargento de la Policía Local de Cudillero.
«Hablemos de imputación. Usted es licenciado en Derecho. ¿ En qué nivel de imputación tomamos medidas? Cuando se abra juicio. Y no se trata de estigmatizar a nadie», defendió el presidente asturiano, que también aludió a la ley de transparencia, en cuyo anteproyecto trabaja su Ejecutivo, como otra de las medidas para atajar la corrupción. Javier Fernández aseguró que su Gobierno «pretende blindar la transparencia en los contratos, las subvenciones y los urbanismos» así como «profundizar en las declaraciones» de los políticos regionales, «con la publicación de su patrimonio y los de sus familias, y sus bienes fuera del territorio nacional».
Prendes reclamó al Gobierno regional «una vocación decidida de combate» y exigió «cambios legislativos importantes» contra la corrupción. «El nivel de exigencia que se aplica a los políticos está por encima del Código Penal», planteó a Fernández, mientras Francisco González escuchaba con suma atención desde su escaño. Precisamente el voto del diputado de UPyD resultó decisivo para que no prosperase la reprobación solicitada por el PP a la consejera de Bienestar por la contratación del gerente de Vipasa, una actuación cuestionada por todos los grupos de la Junta.
