El Tribunal Constitucional dejó ayer en suspenso, de forma provisional, el cobro de los 30 millones de euros que el Principado prevé ingresar este año por el impuesto a la banca al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy por una supuesta invasión de competencias. La Administración asturiana, de momento, tiene garantizado para este ejercicio el ingreso de 2,5 millones de euros, ya que el tributo asturiano fue impugnado a partir del 1 de febrero, cuando ya se habían devengado 33 días desde su entrada en vigor. El Gobierno regional confirmó ayer que no modificará sus Presupuestos para 2013, tras conocer que la legalidad de su impuesto acabará en un litigio ante el Tribunal Constitucional con el Estado, y se plantea recurrir el tributo estatal.

La decisión del Tribunal Constitucional sobre el impuesto asturiano a la banca, conocida ayer, no afecta a los Presupuestos regionales aprobados para este ejercicio, según sostienen fuentes del Ejecutivo asturiano. El portavoz del Gobierno regional anunció la presentación de alegaciones al recurso del Estado. El Ejecutivo asturiano sopesa, además, recurrir el impuesto nacional de tipo cero, incorporado por el Gobierno de Mariano Rajoy en los Presupuestos del Estado de 2013. «Hemos encargado dictámenes a los servicios jurídicos regionales y al Consejo Consultivo sobre el impuesto estatal, que entendemos que se trata de un fraude de ley porque no supone ingreso alguno y sólo bloquea la capacidad de las autonomías a la hora de financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales», valoró Guillermo Martínez.

¿Cómo afecta el recurso del Estado contra el impuesto a la banca a las cuentas regionales de esta anualidad? El Gobierno regional dio por hecho ayer que Asturias tiene garantizado ya el cobro de unos 2,5 millones de euros este ejercicio porque el tributo regional fue impugnado el 1 de febrero, cuando ya se habían devengado 33 días. ¿Qué pasa con el resto de la partida presupuestada, hasta 30 millones de euros, por el tributo sobre los depósitos bancarios? El Ejecutivo regional no modificará esa previsión presupuestaria y procederá de idéntica forma a como ya hizo el Principado cuando el Gobierno de José María Aznar recurrió el impuesto sobre la actividad de las grandes superficies, que finalmente ganó la Administración asturiana. Es decir, el Principado seguirá consignando en sus Presupuestos esos 30 millones y las entidades bancarias deberían formalizar avales como provisión de fondos. El problema para el Principado sería mayor si, finalmente, pierde el litigio con el Estado. Ante ese riesgo, la Administración asturiana está obligada a hacer un uso «prudente» de esa estimación presupuestaria, según indicaron fuentes del Gobierno socialista. El pleito entre el Principado y el Estado podría demorarse varios años.

La aceptación del recurso estatal, que contó con un informe favorable del Consejo de Estado, según adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 29 de enero, fue decidida por el Constitucional en su pleno de ayer y supone la suspensión automática del impuesto asturiano. El Tribunal Constitucional dispone ahora de un plazo de cinco meses para ratificar la paralización de ese impuesto o, por el contrario, levantar la suspensión. Fuentes jurídicas confirmaron, no obstante, que los magistrados del Constitucional podrán renovar esa suspensión durante el período de tiempo que se prolongue el pleito entre el Gobierno central y el Principado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó el pasado 11 de enero el recurso contra el impuesto sobre los depósitos bancarios creado por el Principado porque invadía las competencias del Estado en materia fiscal. El Gobierno regional optó entonces por permanecer a la espera de que se materializase el recurso estatal y ahora, finalmente, ha «movido ficha». El Principado podría ser la primera autonomía que recurra el impuesto estatal de tipo cero sobre los depósitos bancarios, siempre y cuando los servicios jurídicos, por un lado, y el Consejo Consultivo, por otro, den «luz verde» a este nuevo litigio.