Oviedo, J. A. ARDURA

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anunció ayer la imputación del «número dos» de IU, Ángel González, por un supuesto delito de prevaricación. La fiscalía ha denunciado al actual portavoz de la coalición en la Junta General del Principado por el fraccionamiento de un contrato para adquirir 76 monolitos de homenaje a víctimas de la Guerra Civil cuando era viceconsejero de Bienestar Social, en 2010. «Tengo la conciencia muy tranquila, quien mencione la palabra corrupción en este caso obra de muy mala fe», declaró en una rueda de prensa en la que compareció solo.

Ángel González tendrá que declarar en calidad de imputado el día 12 de este mes junto al funcionario Roberto Moro, que era secretario general técnico de la Consejería de Bienestar Social cuando se formalizaron los contratos objeto de esa investigación, que ascendieron a un total de 50.000 euros.

La fiscalía asturiana abrió diligencias en agosto del pasado año tras recibir un escrito del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, donde advertía de la existencia de varios reparos en el informe de fiscalización de la Sindicatura asturiana, que afectaban a tres consejerías: Educación, Administraciones Públicas y Bienestar Social. El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas señalaba la existencia de indicios de un posible fraccionamiento ilegal en la tramitación y ejecución de varios contratos menores por parte de esas tres consejerías. La fiscalía regional, tras realizar su propia investigación, apreció indicios de un delito de supuesta prevaricación en un contrato de la Consejería de Bienestar mientras que archivó las contrataciones de Educación y Administraciones Públicas, consejerías investigadas, también en ese período, en el «caso Marea».

Las diligencias del ministerio público ponen de relieve que el contrato para poner 76 monolitos en lugares donde hay fosas de las víctimas de la Guerra Civil se realizó mediante «un fraccionamiento ilegal, que únicamente se produjo ante la arbitrariedad de la decisión del cargo político» y «en contra del criterio técnico expreso» de la jefa de servicio de Asuntos Generales de esa Consejería. La fiscalía asturiana precisó que esa funcionaria plantéo formalizar esa adjudicación, para la que había tres ofertas, mediante un contrato de suministro por procedimiento negociado, propuesta aceptada inicialmente por el secretario general técnico. Pero cuando la funcionaria ya elaboraba los pliegos de condiciones se presentó en su despacho el viceconsejero Ángel González, para decirle que esa fórmula «resultaba imposible» porque «llevaría mucho tiempo». Según la denuncia de la fiscalía, la jefa de servicio y el viceconsejero de IU discutieron y la funcionaria se negó a seguir con la tramitación de ese contrato, por considerarlo «ilegal».

La Viceconsejería de Bienestar Social, finalmente, realizó esa adjudicación mediante la fórmula de contrato menor de suministros, con el visto bueno del secretario general técnico de la Consejería. ¿Cuál es la principal diferencia de ese método de contrato respecto al procedimiento negociado que planteaba la jefa de servicio? En primer lugar, que el fraccionamiento mediante contratos menores está sujeto a menos controles, como quedó patente en las comparecencias parlamentarias sobre el «caso Marea», que ha puesto en el punto de mira toda la contratación del Principado.

La fiscalía justificó ayer la denuncia contra el actual «número dos» de IU en que las resoluciones de esa adjudicación en tres contratos distintos, con fechas del 4, 8 y 12 de noviembre de 2010, «obedecieron a la exclusiva voluntad del Viceconsejero y fueron tomadas con el expreso apercibimiento de que las mismas eran ilegales».

Ángel González decidió dar la cara tras conocer su imputación y convocó una rueda de prensa en la que compareció en solitario y respondió a todas las preguntas, detrás de un cartel que rezaba «Corrupción 0,0». El actual portavoz de IU en el Parlamento regional respondió que «no voy a dimitir ni mucho menos, no hay ningún motivo», al ser preguntado sobre si va a renunciar a sus cargos en la coalición a raíz de esta imputación. González aseguró que el contrato para la colocación de los monolitos se dividió «en tres fases, que correspondían a las distintas zonas de Asturias» y aseguró que «nadie planteó un fraccionamiento de contratos para saltarse la ley. No hubo intencionalidad».

El ex viceconsejero de Bienestar Social sostuvo que no hubo ningún trato de favor con esa adjudicación, que no dio «orden alguna para saltarse la ley» y que su intención era «tratar de agilizar» la señalización de las fosas de la Guerra Civil, en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica. Ángel González afirmó que ningún funcionario le planteó reparos a ese procedimiento de adjudicación «por escrito ni verbalmente», y defendió al secretario general técnico, que también deberá comparecer como imputado: «Es un gran funcionario, que actúa con mucho rigor», dijo González, quien manifestó que «no tengo nada que ocultar; el que utilice la expresión corrupción lo hará de mala fe». Esto no es igual que otros casos». González aseguró que contaba con el respaldo del coordinador general de IU de Asturias, Manuel Orviz, quien hace dos semanas reprochó al PSOE que cuando hay una imputación debe apartarse «incluso de la militancia» a quien tiene algún tipo de responsabilidad en el partido. Manuel Orviz envió ayer una carta a los coordinadores miembros del consejo político en el que defendió a González con el argumento de que «no se trata de un asunto de corrupción política», pero no hizo declaraciones públicas. En cambio, algunos sectores de la coalición, entre ellos afiliados de Voces por el Cambio», eran partidarios de tomar medidas contra González.