El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, imputa al ex alcalde de Cudillero y diputado regional socialista, Francisco González, un delito de cohecho y otro de exacciones ilegales, que podrían ser alternativos una vez concluya la instrucción del caso de los cobros ilegales a los chiringuitos de la localidad pixueta. La Sala de lo Civil Penal del Tribunal Superior de Justicia celebró ayer la vista de traslado de las imputaciones prevista en la ley del Jurado en la que las partes concretaron los presuntos delitos por los que se investiga a González, quien, acogiéndose a su derecho, prefirió no estar presente.

Sí estuvo su abogado, Javier Núñez, quien pidió el sobreseimiento de la querella por entender que los delitos que se le imputan a él y a la ex concejala Verena Prendes están prescritos. En cuanto a los dos funcionarios imputados, la ex tesorera María Antonia Álvarez y el ex jefe de la Policía Local Juan Castañeda, aducen obediencia debida.

Una vez finalizada la instrucción, el fiscal podría formular acusación por un delito de cohecho, por un delito de exacciones ilegales, por ambos o incluso renunciar a presentar escrito de acusación, si considerara que no existe base suficiente. Una vez formuladas las imputaciones en la vista de ayer, no se puede incorporar ya ningún otro delito.

Las acusaciones particulares, ejercidas por el sargento de la Policía Local Iván Flórez y varios hosteleros, mantienen que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho y exacciones ilegales. Uno de los letrados, Gonzalo Botas, indicó que los agentes locales no recibieron todo el dinero pagado por los chiringuitos. «Los hosteleros pagaban 6.000 euros y a los agentes llegaban 1.740. ¿Dónde está el resto?», se preguntó. Botas opinó que no cabe la prescripción, al tratarse de un delito continuado, y en cuanto a la obediencia debida aducida por los ex funcionarios, indicó que «puede ser una atenuante o una eximente como mucho».

Otro de los querellantes, el hostelero Jesús Álvarez López -querellado a su vez por indicar al ex alcalde en un blog que en Cudillero podía pasar algo parecido a lo ocurrido en Fago (el asesinato del regidor Miguel Grima)- aseguró que pagaba 240 euros diarios por la vigilancia exterior a cargo de dos auxiliares de Policía (sin atribuciones para detener), porque la interior corría a cargo de vigilantes. E indicó que el Alcalde le llamó para decirle: «Ya sabéis lo que tenéis que hacer, pagar a la Policía, y si no pagáis, no se ponen los chiringuitos». Reconoció haber escrito en el blog la frase relativa a Fago, pero «no amenazando», e indicó que González era «un toro malherido», que le había insultado en un mitin y hecho que le agrediesen.