IU ratifica a Ángel González en sus cargos al creerlo «inocente» de prevaricación

Tras un intenso debate, en el que se dieron varias intervenciones contrarias y a favor de su continuidad al frente de los diputados de IU, el consejo político votó a favor del portavoz «al entender que no existe razón alguna que le impida desempeñar su cargo en estos momentos».

El coordinador general del partido, Manuel González Orviz, consideró la reunión de ayer como «un debate necesario, sereno y profundo» y como un «acto de justicia (hacia el diputado), porque no estamos ante un caso de corrupción y todo el mundo tenía clara la confianza en su inocencia». Según Orviz, la coalición recibió ayer «un respaldo a su autoestima», de la que destacó su limpieza. «Somos una fuerza honesta, con una trayectoria impoluta y sin casos de corrupción».

Desde que se conoció la imputación de González, el revuelo se adueñó de Izquierda Unida. Las asambleas de Gijón, Mieres, Oviedo y Langreo censuraron la continuidad de Ángel González en la portavocía del grupo parlamentario. También un grupo de dieciséis militantes, miembros todos del consejo político, firmó un «manifiesto por la coherencia», e incluso el coordinador de Gijón, Marcos Muñiz, se expresó a título personal en términos críticos hacia el diputado. No fue suficiente para que consiguieran su objetivo y la dirección salió airosa al respaldar el consejo político su criterio.

Tanto González Orviz como Ángel González achacaron la división interna a que algunos no habían «superado» el resultado de la asamblea del pasado verano, cuando Orviz se hizo con la coordinación general, apoyado en el portavoz ahora imputado, contra la favorita Noemí Martín. Un argumento al que ayer acudió también el coordinador en su intervención.

La declaración de una jefa de servicio ante la Fiscalía terminó con la imputación de Ángel González. La funcionaria aseguró que advirtió verbalmente al entonces viceconsejero de Bienestar y al secretario general técnico -también imputado- de la irregularidad del procedimiento de contratación que se había seguido con los monolitos. Fue incluso más allá y aseguró que era costumbre de la Consejera (Noemí Martín) y del Viceconsejero (Ángel González) aconsejar cómo se debían hacer las contrataciones. El portavoz de IU en la Junta rechazó de plano estas acusaciones. «¿Cómo iba a indicarle la forma de contratar si no conocía los procedimientos? Como si no tuviera otra cosa que hacer. No hay que mezclar el trato amable con los trabajadores con otras cosas».

La condición de contrato de obra o de suministro en el caso de la instalación de los monolitos en las fosas comunes es también objeto de controversia. La defensa de Ángel González, a cargo de Ana García Boto, abunda en que se trata de una obra, lo que elevaría hasta los 50.000 euros la cuantía de los trabajos para que puedan acogerse a un contrato menor, que no requiere concurso. En el caso de los suministros, el límite baja hasta los 18.000 euros, una cifra que ninguno de los tres contratos de los monolitos superó. Sumados, tampoco rebasarían los 50.000 euros para el caso de las obras.

Hasta llegar a la Fiscalía, la supuesta irregularidad en la contratación de los monolitos pasó de un comentario en el informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado, viajó después hasta el Tribunal de Cuentas, que incidió en el reparo, y terminó en los tribunales, con Ángel González imputado, sin que la Consejería ofreciese explicaciones. Ángel González achacó sus problemas legales a que el Gobierno de Foro no presentó alegaciones a los reparos del Tribunal de Cuentas, al entender que éste hubiese aceptado sus explicaciones de haber podido dárselas. Una vez que el PSOE perdió el Gobierno a manos del partido de Francisco Álvarez-Cascos (Foro), «nadie se dirigió a mí y mucho menos enviaron alegaciones como hicieron otras consejerías. Quizá por eso estemos aquí», dijo el diputado en los pasillos del TSJA tras comparecer ante el juez.